El Gobierno portuguíés ha anunciado el abandono definitivo del proyecto de tren de alta velocidad con España, que fue suspendido en junio de 2011 tras llegar al poder el actual Ejecutivo conservador luso.
El Ministerio de Economía portuguíés ha emitido un comunicado sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas conocido hoy y contrario al contrato de construcción del ferrocarril, en el que considera que ese rechazo "cierra la políémica sobre el proyecto, que será, así definitivamente abandonado".
El comunicado señala que el Gobierno va a analizar los pormenores de la decisión del Tribunal y sus consecuencias jurídicas y económicas para actuar en defensa del interíés público.
El Ministerio reafirma tambiíén el plan gubernamental de dar prioridad, en materia de redes ferroviarias transeuropeas, a las conexiones de mercancías desde los puertos de Sines y Aveiro, con el objetivo de estimular la competitividad de las exportaciones portuguesas.
La decisión del Tribunal de Cuentas invalida el contrato para la ejecución del tramo portuguíés más largo del proyectado ferrocarril entre Lisboa y Madrid, que iba a unir, con unos 150 kilómetros de longitud, Poceirao, en las afueras de la capital, y Caia, en la frontera lusa con Badajoz.
La ejecución de la obra, valorada en unos 1.400 millones de euros, fue adjudicada por el anterior Gobierno socialista de Portugal al consorcio Elos, encabezado por dos grandes empresas lusas, la constructora Soares de Acosta y la concesionaria de autopistas Brisa.
Portavoces de Soares da Acosta han declarado hoy a los medios lusos que estudian recurrir el dictamen y pedir compensaciones por los 264 millones de euros que ya han gastado en el proyecto.
El Tribunal de Cuentas, que empezó a analizar el contrato hace casi dos años, justifica su rechazo por incumplimientos detectados en el documento, falta de información del marco presupuestario y violación de la normativa financiera.
Además, cuestiona la calificación de la propuesta de Elos y considera que debió haber sido excluida por contener aspectos "no aceptables y no negociables".
El contrato fue firmado en 2010 por el Gobierno de Josíé Sócrates, que defendió el proyecto ferroviario frente a las críticas del Partido Social Demócrata (PSD centroderecha), entonces en la oposición.
Cuando el líder del PSD, Pedro Passos Coelho, ganó las elecciones anticipadas de mayo de 2011, cumplió de inmediato su promesa electoral de suspender el proyecto de alta velocidad, que contaba con fondos europeos cuyo destino final aún no está claro.
Desde entonces, el Gobierno portuguíés y el español han abordado el futuro de las conexiones fíérreas entre los dos países en varias reuniones y han acordado colaborar en proyectos ferroviarios que faciliten el transporte de mercancías hacia el norte de Europa.
