Luis de Guindos entró en cólera la semana pasada al conocer las ofertas no vinculantes que tanto Banco Santander como BBVA habían hecho para pujar por la privatización de Catalunya Banc. Especialmente en el caso de la entidad que preside Emilio Botín, que ha pedido una inyección total de capital de 6.000 millones, una ayuda que hace inviable la subasta.
Por ese motivo, el pasado jueves el Ministerio de Economía filtró que barajaba la creación de un banco público que englobaría al banco con sede en Barcelona, a Novagalicia y a Bankia. Un órdago a Santander y BBVA, que con sus ofertas no vinculantes por Catalunya Banc han reventado los procesos para restructurar el sistema financiero y para que el Estado se desprenda de las entidades nacionalizadas.
Según fuentes próximas al proceso, Emilio Botín ha pedido unas ayudas similares a las que ya concedió el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar la insolvencia del banco surgido de la fusión entre Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa. En concreto, casi 3.000 millones de euros en dos fases, un primer príéstamo de 1.250 millones cuando se hizo la integración y un segundo de 1.718 millones para tomar el 90% del capital del grupo.
Por tanto, Santander ha solicitado esos 3.000 millones, de los que ahora se hará responsable el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), financiado por la propia banca, y otros 3.000 adicionales. Fuentes próximas a la entidad presidida por Emilio Botín han asegurado que la petición es acorde a los criterios de rentabilidad que exige Santander para que una operación sea adecuada para sus accionistas. De lo contrario, se descarta. BBVA tambiíén ha solicitado una ayuda significativa, que este medio no ha podido contrastar. En ambos casos, la revelación del agujero de Bankia les ha alertado sobre la posible situación del resto de entidades intervenidas.
El primer grupo financiero español, asesorado por Goldman Sachs, no ha adquirido hasta la fecha ninguna de las entidades que han sido privatizadas por el Estado, como CCM, CajaSur, CAM y Unnim. Está última fue a parar a manos de BBVA, mientras que La Caixa se hizo con Caixa Girona y la semana pasada cerró la compra de Banca Cívica. Por tanto, desde el Ministerio se considera que Santander no está por la labor de arrimar el hombro a un problema que se considera nacional y sistíémico para la economía española.
Debido al tamaño de Catalunya Banc, con un balance de 72.000 millones, los únicos candidatos reales para quedarse con el banco nacionalizado son Santander, BBVA y Caixabank. El problema es que el grupo presidido por Francisco González ya ha absorbido un banco catalán -Unnim-, que le ha permitido doblar su tamaño en la zona, mientras que la caja dirigido por Isidro Fainíé no puede pujar por problemas de competitividad.
Por tanto, Santander es el comprador casi exclusivo. Sin embargo, su oferta indicativa hace imposible que el Estado le venda Catalunya Banc porque a esos 6.000 millones de capital hay que añadirle hasta un máximo de 8.800 millones en forma de Esquema de Protección de Activos (EPA). Es decir, que Economía se haga cargo de hasta el 80% de las píérdidas futuras que tuviera la cartera de críédito del banco nacionalizado.
El pulso entre Botín y De Guindos se resolverá en las próximas semanas, antes del 30 de junio, nueva fecha para presentar las ofertas vinculantes y definitivas. Antes se conocerán las auditorias de Oliver Wyman y Roland Berger sobre la salud de los balances españoles, incluido el de Banco Santander. Unos informes que pueden tener su impacto en la subasta de Catalunya Banc.
