Cataluña vive envuelta en una contradicción. Por un lado, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha exigido al Ministerio de Hacienda la puesta en marcha con carácter urgente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para lograr 5.023 millones con los que hacer frente a gastos, como la nómina de funcionarios o el pago a proveedores. Por otra, centenares de miles de personas se manifestaron el martes exigiendo la independencia del Estado español. ¿Sería viable esta última tesis? Los empresarios y expertos consultados por CincoDías discrepan sobre este asunto, más aún en una coyuntura como la actual, con los mercados de financiación cerrados.
Cataluña es la comunidad más endeudada de España, con un 21% de su PIB (mañana se publican los datos del segundo trimestre de 2012, que serán aún peores) y tiene que realizar un ajuste superior a 4.000 millones de euros para reconducir su díéficit al 1,5% pactado con Hacienda. Ese declive económico ha llevado a las agencias de calificación de deuda a rebajar la nota catalana y dejarla en el nivel de bono basura, lo que a su vez le ha cerrado el acceso a los mercados de críédito. Buena prueba de ello es que las rentabilidades que le exigen en el mercado secundario de deuda varían entre el 12% y el 13% para deuda a 10 años, un nivel inasumible teniendo en cuenta que afronta vencimientos por valor de 5.000 millones en la segunda parte del año.
Una tesis rebatida por el economista Xavier Sala i Martí, profesor de la Universidad de Columbia, quien considera que el cierre de los mercados está provocado por el elevado gasto comprometido por el Gobierno del tripartito y porque Cataluña no es un Estado independiente. "Si Cataluña fuera un Estado independiente y su Gobierno tuviera una deuda de solo el 21% del PIB y si, además, su díéficit estuviera entre el 1,5% y el 3% del PIB, sería considerada una de las economías más sanas del mundo y los mercados financieros se pelearían por prestarle dinero. ¿Por quíé los mercados no quieren dejar prestado a Cataluña? Por una razón muy simple: porque no es un Estado independiente, sino que forma parte de España", razona.
Los defensores de la independencia creen que el problema económico catalán se resolvería si el Estado español saldara el díéficit fiscal que, en su opinión, se eleva a 22.000 millones de euros al año. Desde el Círculo de Economía, lobby empresarial catalán en el que están representadas empresas como Agrolimen, Sabadell, Planeta o Agbar, dicen que es necesario un nuevo pacto fiscal, pero no con el fin de lograr la independencia, sino para reformar el modelo autonómico y su manera de financiarlo. Sin embargo, puntualizan que un sistema como el concierto económico vasco o navarro tiene difícil encaje en Cataluña, en la medida que requeriría un cambio constitucional avalado por los dos partidos con más representación en el Congreso. Por ello, creen que sería mejor un modelo federal, en el que se traslade a las agencias autonómicas capacidad normativa plena sobre los impuestos directos. En su discurso de ayer, el presidente de la Generalitat, Artur Mas no aclaró si llevará la propuesta de independencia en su próximo programa electoral.
Cómo sería el día despuíés de la independencia
El Círculo Catalán de Negocios, que reúne a 1.500 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, es una patronal cuyo primer objetivo es la defensa de un Estado propio para Cataluña. Y para lograr ese objetivo han trazado una hoja de ruta en la que dibujan cómo sería un Estado viable fuera de España. Para ello han diseñado un escenario inicial en el que ambos Estados se repartirían los bienes y las deudas que comparten en la actualidad. A Cataluña le correspondería, según este esquema, una indemnización por el díéficit de la balanza fiscal de al menos 15 años y la parte correspondiente al fondo de reserva de la Seguridad Social, en la actualidad dotado con más de 66.000 millones de euros. En el caso de las deudas, Cataluña se liberaría, entre otras partidas, de la deuda territorializada fuera de Cataluña, como la M-30 de Madrid, el AVE a Míérida o de algunas partidas ligadas a Defensa. Asimismo, recuperaría el 20% de lo obtenido en la privatización de empresas españolas instaladas en Cataluña desde 1986.
Una vez repartidas deudas y bienes, la Agencia Tributaria Catalana empezaría a funcionar con una capacidad recaudatoria de 6.000 millones al año. A la espera de que ese dinero entrara en las arcas públicas, el Gobierno necesitaría 5.000 millones para hacer frente al pago de pensionistas, funcionarios, parados y gasto corriente. Esos fondos se obtendrían de los príéstamos de bancos "catalanes", de Gobiernos "amigos" y de emisiones de deuda.
