EFE
El posible paso del ex ministro de la Cancillería alemana Ronald Pofalla a la compañía de ferrocarriles Deutsche Bahn ha desatado un debate en Alemania acerca de las prácticas de los lobbys y la posibilidad de fijar un "embargo" a los políticos trasvasados al mundo empresarial.
Pofalla, ministro de Angela Merkel hasta el pasado diciembre, se ha convertido en exponente de político que, de la noche a la mañana, puede pasar de un puesto de gran influencia, junto a la canciller, a un cargo en la presidencia de una empresa como Deutsche Bahn.
El cargo de Pofalla en la Deutsche Bahn está aún en el aire, puesto que el semanario "Der Spiegel" informa hoy de reticencias en la cúpula de ese empresa semiestatal por el presunto conflicto de intereses que implicaría incluirle en su presidencia.
No es un caso aislado, ya que su ex compañero de gabinete, al frente de Economía y con rango de vicecanciller, Philipp Rí¶sler, asumirá un puesto en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que año a año acoge a elite del ámbito empresarial y político.
Pofalla es diputado de la Unión Cristianodemócrata (CDU), mientras que Rí¶sler, del Partido Liberal (FDP), quedó fuera del nuevo Parlamento por no haber alcanzado su Partido Liberal (FDP) el mínimo del 5 % de los votos en las pasadas elecciones generales.
Sobre ambos confluyen, sin embargo, las sospechas de que desde su gestión ministerial hicieron valer sus influencias o mimaron sus contactos para preparar su futuro una vez fuera del gobierno.
El mero hecho de que se planteara la posibilidad de que Pofalla asumiera el cargo disparó las exigencias de la oposición -Verdes y La Izquierda- de que, cuando menos, deje su escaño de diputado.
Desde la organización LobbyControl se insistía en la necesidad de implantar un periodo de tres años de "embargo" entre el ejercicio de un cargo político y la asunción de cargos en lobbys.
La gran coalición de Merkel ha tratado de quitar hierro a la cuestión con el argumento de que Pofalla no es miembro del gobierno y que, por tanto, no es un "trasvase directo" desde un cargo ministerial a la compañía.
Su caso sigue al del secretario de Estado de la Cancillería, Eckart von Klaeden, asimismo de la CDU de Merkel, que seis meses despuíés de dejar su cargo en el Gobierno, el pasado mayo, asumió un puesto en el consorcio automovilístico Daimler.
El contrato de Klaeden derivó en la apertura de un sumario por parte de la fiscalía de Berlín, por un presunto conflicto de intereses, lo que ahora -según "Spiegel"- parece haber activado las alarmas en la Deutsche Bahn.
En Alemania, la práctica de los lobbys es intrínseca a la política y la mayoría de los diputados mantienen viva su actividad profesional de origen, bajo la premisa de que no son "políticos profesionales", sino que ocupan un mandato temporal.
Deben rendir cuentas de sus emolumentos, sean fijos o derivados de conferencias o tertulias, bajo pena de fuertes sanciones, y desde la ley de transparencia de 2005 -bajo el gobierno de Gerhard Schrí¶der- tales ingresos quedan publicados en la página de internet del Bundestag (cámara baja del Parlamento).
En el historial parlamentario alemán hay casos destacados de exitosos "regresos" a la vida laboral, como el del mismo excanciller Schrí¶der, quien tras su derrota ante Merkel -en 2009- se convirtió en miembro del consejo de vigilancia de Gazprom, por mediación del presidente ruso y amigo personal suyo, Vladímir Putin.
Menos conocido a escala internacional, pero igualmente ilustrativo, es el caso del dentista y diputado Rolf Koschorrek, de la CDU, que -como detallaba recientemente "Der Spiegel"- atesora sobresueldos como representante de diversas farmacíéuticas y es a la vez conferenciante asiduo en los más diversos foros, en tanto que parlamentario experto en Sanidad
