Peluquerías, sindicatos, asociaciones de vecinos, academias... El Gobierno da vía libre para que cualquier colectivo desembarque en el negocio de la recuperación de los puntos del carníé de conducir.
El grupo popular en el Senado ha introducido a última hora una serie de enmiendas con las que buscan "abrir la impartición de los cursos de reeducación vial a otros colectivos", lo que supondrá cambiar el ríégimen actual de concesión por uno de autorización. Las enmiendas, que se van a debatir esta semana en la Cámara Alta, imponen a su vez la realización de un examen oficial en la Jefatura Provincial de Tráfico que debe acreditar "el aprovechamiento del curso". En la actualidad sólo se someten a un control los conductores que han perdido el carníé de conducir y la prueba se realiza en la misma autoescuela en la que se realiza el curso.
El PP defiende que el sistema actual de concesión administrativa impide que otros centros puedan impartir las clases, "constituyendo una restricción injustificada a la libre competencia", reza la enmienda 232. En este sentido, en España sólo pueden impartir los cursos de sensibilización 246 autoescuelas, el 4,18 por ciento de las 5.883 que operan en todo el territorio nacional. La concesión se dio hace ocho año por un plazo de cinco años que se ha prorrogado dos años más ante el inminente cambio de la ley, por lo que se prevíé que se prorrogue otro año más hasta que todo el sistema se modifique.
Bajo el control de Tráfico
El propio grupo popular en el Senado y la DGT reconocen que abrir el mercado de los cursos puede afectar a la calidad de los mismos, por lo que, además del examen, proponen que se realicen una serie de pruebas que acrediten la aptitud, titulación, conocimientos y experiencia de los profesores y directores de los cursos. Así, tanto los exámenes para los infractores, como las pruebas de los profesores, como las condiciones que deben cumplir "los centros oficiales o privados" para impartir los cursos deben estar controlados y autorizados por Interior.
Esta medida supone una carga adicional de trabajo para la DGT o las Jefaturas provinciales que, según denuncia la asociación de autoescuelas (CNAE), "carecen hoy de medios humanos suficientes para llevar a cabo la tarea cotidiana de examinar a los aspirantes conductores", por lo que el examen oficial puede suponer un sobrecoste para los propios conductores.
En este punto, CNAE, patronal a la que pertenecen el 90 por ciento de los centros, alerta de que esta liberalización del negocio "pone en peligro el futuro del permiso por puntos". "Los cursos deberán ser controlados de forma eficaz y los psicólogos y víctimas deben estar presentes en los mismos.", sentencia.
Y es que, la proliferación de centros para recuperar los puntos puede dificultar los sistemas de control de calidad de los mismos. Un peligro que ya ha advertido la DGT y que han denunciado colectivos de víctimas, como Stop accidentes.
