Una de las mayores operadoras de autopistas del país, Itínere, viene curándose en salud semestre a semestre en sus presentaciones ante la CNMV. La compañía avisa a sus inversores de la imprevisibilidad en que se desarrolla el negocio del peaje en España. Entre los “riesgos e incertidumbres†a los que se enfrentan empresas como Ferrovial, Abertis, OHL, Globalvía y la propia Itínere, destaca que el sector está “indudablemente sujeto tanto a la situación económica general como a los cambios en la normativa reguladora, que pueden afectar de manera importante a los resultados esperadosâ€.
Desde Itínere, que presentó el martes los resultados de la autopista Astur-Leonesa (AP-66, Aucalsa), se añade la posibilidad de que junto a una autopista de pago puedan desarrollarse otras redes o medios alternativos de transporte que podrían ser competencia en el futuro. Se trata de un hecho del que vienen quejándose las operadoras ante la existencia, en el entorno de las carreteras de gestión privada, de nuevas vías de alta capacidad y toda una red de AVE en muchos casos no previstas en los contratos de concesión.
En este contexto, los gestores de Aucalsa, aseguran realizar sus proyecciones económicas teniendo en cuenta “escenarios conservadoresâ€. Estos avisos, que la empresa califica de rutinarios y referentes a escenarios improbables, toman relevancia cuando el Gobierno está a punto de rescatar de la quiebra a una decena de concesionarias. Además, suena como mar de fondo el enfrentamiento de inversores con el Estado por el recorte de las primas a las renovables derivado de la reforma energíética.
El informe de gestión enviado a la CNMV incluye carga crítica contra el Gobierno, compartida por todo el sector concesional. Aucalsa, 100% de Itínere, señala que “la estabilidad y garantía†del marco legal “resulta fundamental en un sector enormemente reguladoâ€. Y a renglón seguido apunta que “no es posible valorar cuáles pueden ser las acciones de la Administración concedente [normalmente el Ministerio de Fomento] en un período prolongado de tiempoâ€. Es decir, las concesionarias están expuestas a posibles embates regulatorios y “es remota la posibilidad de incidir en ellos.
El último acontecimiento inesperado en este campo fue la aprobación del Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero de este año, por el que se modificaba una Ley de 1972. Con ello el Estado trata de evitar pagar dos veces los terrenos expropiados para la construcción de una autopista: la primera cuando la concesionaria entra en liquidación y tiene expropiados entre los acreedores, y la segunda cuando ha de asumir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y compensar a los accionistas de la propia concesionaria para recuperar la titularidad del activo.
Esta medida entró en vigor en plena oleada de insolvencias entre una decena de concesiones que esperan el rescate por parte de una nueva empresa nacional de autopistas. La integridad en los pagos de la RPA resultaba básica especialmente para la banca, que la tiene como garantía de los críéditos millonarios aportados para construir infraestructuras como las radiales de Madrid.
Antes, en 2012, el sector asistió a cambios tarifarios por la eliminación de las reducciones establecidas por el Ministerio de Fomento en 1999, y una políémica subida del IVA que pagan los conductores.
Eso sí, desde Aucalsa confían, según advierte en su documento, en que cualquier acción inesperada por parte del Gobierno, que afecte a los ingresos u obligue a asumir nuevos costes e inversiones, se produzca compensando a las concesionarias en la justa medida para que el efecto sea neutro.
