Por... Níéstor Rosa-Marbrell
Puerto Rico se asoma hoy a un futuro incierto ante la determinación del Congreso de Estados Unidos de imponer una junta fiscal que prácticamente inhabilitará su gobierno propio bajo el Estado Libre Asociado (ELA).
La bancarrota del ELA, sistema de gobierno instaurado en 1952 por Washington para sacar a la isla de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas, es la más reciente estocada que recibe en medio de una insuficiencia fiscal que le impide asumir la deuda de 70 mil millones de dólares con los fondos buitres y los bonistas de Wall Street.
El proyecto de ley que propone establecer sobre Puerto Rico una junta federal de supervisión fiscal, identificada con el acrónimo de Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), es rechazado por políticos de diversas corrientes ideológicas, incluido el anexionismo.
La medida aprobada por el Comitíé de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todavía atenderse en el pleno, donde se espera que genere un cerrado debate, tal como ha anticipado el congresista demócrata Luis Gutiíérrez, de origen puertorriqueño.
La legislación, que recibió una votación 29-10, posiblemente no logre su aprobación la cámara baja antes de que el 1 de julio Puerto Rico entre en un nuevo impago de mil 900 millones de dólares por el servicio de la deuda pública, despuíés del default parcial del pasado 1 de mayo de 422 millones de bonos emitidos por el ahora insolvente Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central).
Lo que sí parece definitivo es que el interíés en la legislación rebasa el Congreso, pues su contenido es producto de negociaciones entre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y la administración del mandatario demócrata Barack Obama.
El delegado electo puertorriqueño en el Congreso, Pedro Pierluisi, advirtió que "las opciones son entre este proyecto que es imperfecto o ninguno".
Pierluisi, presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), reconoció que es vergonzosa la creación de una junta para supervisar al gobierno de Puerto Rico, pero que decidió apoyarla pensando en el bienestar de los puertorriqueños.
Para el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, el HR 5278 contiene propuestas que pueden ser claves apara atender la insolvencia de la isla dproteger los servicios esenciales de los ciudadanos y hacer crecer la economía, estancada por una díécada.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, se mostró inconforme con la legislación que establece una "junta de control no elegida, con casi una totalitaria autoridad financiera".
Ambas posiciones evidencian las discrepancias internas que hay en el oficialista Partido Popular Democrático, cuyo presidente David Bernier, manifestó su disposición de concurrir a los tribunales para defender el ELA, pues la junta "usurparía los poderes del gobierno de Puerto Rico".
