Por... Alberto Benegas Lynch (h)
Alberto Benegas Lynch (h) señala que las legislaciones anti-drogas obligan a los consumidores a involucrarse con la mafia, dificultan el acceso de quienes tienen un problema de adicción a la ayuda y amenazan la democracia y las libertades individuales.
Antes que nada hay que mencionar lo que en estadística se conoce como error de inclusión. En el caso que ahora nos ocupa es pertinente señalar que tal como lo señalan las encuestas y relevamientos más importantes, por ejemplo, las reiteradas manifestaciones del Bureau of Justice Statistics de Estados Unidos que “una abrumadora mayoría de consumidores de drogas nunca han cometido un crímen”. Del hecho de que muchos actos criminales hayan sido cometidos por drogados, no se sigue el nexo drogas-crimen. Para sacar conclusiones en esta materia es menester mirar el universo, no se puede atender solo un segmento y extrapolar. Una cosa es un correlato y otra bien distinta es una relación causal: hace una década había correlación perfecta entre el largo de las polleras en Inglaterra y la crianza de cerdos en Australia, de lo cual no se desprende nexo causal alguno. Otro asunto bien diferente son las disposiciones en algunos códigos penales en los que se considera un atenuante cuando un delito es cometido por un drogado en lugar de constituir un agravante.
Dicho esto, tal como lo señalé en mí libro La tragedia de la drogadicción. Una propuesta (Buenos Aires, Ediciones Lumiere, 2006, con prólogo de Carlos Alberto Montaner), el uso de drogas alucinógenas para fines no medicinales constituye un drama y su empleo reiterado produce lesiones cerebrales irreversibles. Pero desde 2000 años antes de Cristo —salvo la Guerra del Opio en China debido a la prohibición— no hubieron problemas con las drogas hasta que en 1971 Richard Nixon declaró la guerra a los narcóticos, una idea alimentada por los mismos mafiosos del alcohol, a través de sofisticados estudios de mercado, quienes antes se habían visto perjudicados por la abrogación de la Ley Seca por lo que dejaron de percibir astronómicas ganancias debido a los siderales márgenes operativos que provoca la prohibición.
Por otra parte, como se ha dicho resulta bastante estúpido eso de “la guerra contra las drogas” porque es similar a declarar la guerra al dulce de leche: las guerras son contra personas nunca contra cosas. De todos modos, como ha escrito el premio Nobel Milton Friedman “Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que la usan como para los que no la usan”.
Hoy personas inocentes son tratadas como delincuentes si, por ejemplo, llevan consigo más de diez mil dólares, en gran medida los bancos se han convertido en informantes de los aparatos estatales con lo que el secreto bancario ha desaparecido, las escuchas telefónicas y acciones policiales contrarias al debido proceso están a la orden del día.
Como bien ha puntualizado Lysander Spooner, un vicio es un acto que afecta a la misma persona que lo entretiene, mientras que un crimen es un acto contra el derecho de otra, el confundir ambos hechos constituye una aberración manifiesta. Hay en este asunto una dosis grande de arrogancia al pretender administrar las vidas ajenas. De más está decir que si todo el mundo decide constiparse ilimitadamente, el resultado será la muerte por constipación, pero cada uno es responsable de sus acciones, incluso la responsabilidad por haber bloqueado la misma responsabilidad.
En no pocas oportunidades se piensa que si se liberan las drogas, todo el mundo se drogará. Pero consideremos los incentivos para no aceptar en los lugares de trabajo, en los transportes, en los comercios, en las carreteras a seres que no son capaces de controlarse a si mismos. En verdad, estarán circunscriptos a sus domicilios o a bares o lugares expresamente establecidos para drogodependientes. Por supuesto que esto ocurrirá si los aparatos estatales no se meten “regalando” jeringas o imponiendo lugares públicos para drogarse y otras sandeces por el estilo.
La penalización por la producción y/o consumo de drogas eleva la prima por el riesgo de operar en esos mercados y, por ende, los antedichos márgenes operativos se elevan enormemente. Debido a esto se hace posible la producción de drogas sintéticas con efectos mucho más devastadores de las naturales. El mercado negro no permite la verificación de la pureza de la droga con lo que las sobredosis y las intoxicaciones son muy frecuentes. También debido a la ilegalidad se inhibe a quienes denunciarían fraudes y estafas puesto que si recurrieran a los tribunales se estarían autoinculpando. Lo mismo sucede con los médicos y centros hospitalarios: se bloquea la posibilidad de pedir ayuda puesto que los candidatos se estarían denunciando a si mismos.
Las legislaciones anti-drogas obligan a los consumidores a involucrarse con la mafia. Los antes mencionado márgenes operativos descomunales hacen posible la figura del pusher , con ingresos exhorbitantes al efecto de colocar la droga en todos los mercados posibles, muy especialmente en los colegios y lugares bailables puesto que la gente joven es la más propensa a ensayar y mantener nuevas fórmulas al estar más inclinados al “fruto prohibido” debido a un siempre presente espíritu de rebeldía.
Como en la relación compra-venta de drogas no hay víctima ni victimario propiamente dichos, irrumpe la figura del soplón, espionaje que conduce a los atropellos más variados como revisación de personas en sus ropas y pertenencias, olfateo de canes y otras intromisiones sin orden de juez competente ya que se suele decretar la inmunidad para quienes proceden de esta manera.
Esta así denominada guerra está sufragada coactivamente por todos los contribuyentes, lo cual asciende a millones y millones de dólares. Permanentemente se involucran negocios lícitos con el “lavado” de dinero proveniente de las drogas, con lo que oscurecen las contabilidades y se contaminan comercios de distinta índole. Las permanentes matanzas de inocentes, las violaciones a las libertades individuales, al tiempo que las cárceles están atestadas de drogadictos en lugar de los verdaderos criminales. Todo esto sin contar a los gobernantes que reciben cuantiosos recursos para “combatir” la droga, mientras se descubren sus propios negocios suculentos en el ramo. Las corrupciones de jueces, policías y políticos alimentan cotidianamente los noticieros de todas partes del mundo.
Todavía no queda del todo claro el sentido del proyecto pero se ha dicho en medios argentinos que se involucrará a la Fuerzas Armadas en la susodicha lucha contra los estupefacientes, lo cual sería grave pues no solo desnaturalizaría su misión específica sino que la expondría a que también sean corrompidas. Por su parte, la candidata a ocupar la cartera de interior en el nuevo gobierno mexicano ha deslizado la posibilidad de liberar las drogas, lo cual sería altamente beneficioso para Occidente antes que la guerra de marras termine con la sociedad libre y constituiría un digno ejemplo a seguir, a pesar de otras de las políticas negativas anunciadas por el próximo mandatario recién electo. Ex presidentes que han padecido sobradas experiencias durante sus mandatos con las drogas, proponen la liberación como son los casos del mexicano Vicente Fox, del colombiano Oscar Gaviria o el brasileño Enrique Cardoso. Es de esperar que si esto se concretara no se hiciera como el caso uruguayo con la marihuana donde el aparato estatal está metido en todo el proceso y más bien se acercara al caso portugués. Incluso para aludir a miembros de la burocracia internacional, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, se ha pronunciado categóricamente a favor de liberar todas las drogas en una carta abierta, ya en 1998, junto con otras 500 personalidades entre las que se encontraba el ex Secretario de Estado del gobierno estadounidense George Shultz.
Como dice Mario Vargas Llosa, es de desear que se comprenda la necesidad de liberar las drogas antes que las drogas terminen con la democracia a través de la financiación de campañas y otros canales. Tal como escribe Thomas Sowell en relación al tema que nos ocupa vinculado a la pregunta reiterativa en cuanto a la razón por la cual no se abandona una lucha que ha demostrado resultados catastróficos: “Las políticas deben ser juzgadas por sus resultados, pero las cruzadas de este tipo son juzgadas por lo bien que se sienten los cruzados”.
Hace mucho tiempo en una oportunidad en una conversación con mi amigo Agustín Navarro en México, médico y economista, me hablaba de la importancia de liberar las drogas en una época en que yo sostenía equivocadamente que había que prohibirlas (en realidad fueron alumnos míos los que me convencieron de mi inconsistencia en este asunto que se daba de bruces con el resto del andamiaje de análisis económico de la asignatura). En esa oportunidad le pregunté a mi amigo por qué no escribía sobre el asunto. La respuesta me dejó helado. Me dijo que lo había proyectado pero abandonó el propósito debido a las amenazas que recibió su familia. La conversación terminó con su conclusión en cuanto a que la peor noticia para los barones de la droga es que se liberen puesto que se quedan sin el suculento botín.
Bien ha consignado el sacerdote católico John Clifton Marquis en un escrito de su autoría titulado —préstese especial atención al título— “Las leyes sobre drogas son inmorales”, publicado en US Catholic en mayo de 1990: “Cincuenta años de legislación sobre drogas ha producido el efecto exactamente opuesto a lo que esas leyes intentaron […] Los líderes morales no tienen más alternativa que elegir entre una moral auténtica, la cual produce el bien y una moral de cosmética que meramente aparece como buena. Las leyes sobre drogas aparentan ser benéficas pero el defecto trágico de la moral de cosmética, igual que toda otra forma de cosmética, es que no produce cambios en la sustancia”.
Es difícil para quienes pretenden sustituir las conciencias individuales por los dictados desde el poder, pero es menester batir esas tendencias que van contra todo sentido ético de responsabilidad tal como señala el Padre Marquis. Por último, para cerrar esta nota periodística subrayo que es de interés señalar para el caso estudiado que cuando se dice en economía que al bajar el precio se incrementa la demanda, es central agregar que esto ocurre siempre y cuando los demás factores se mantengan constantes. Y esto no es así con el mercado de drogas puesto que una vez liberado desaparecen los antedichos pagos colosales a los pushers y sus socios lo cual modifica la situación. Eso es precisamente lo que ocurrió con los negociantes del alcohol ilegal, y por eso, en su memoria 1936/37, el Departamento del Tesoro estadounidense reveló la caída en el consumo de bebidas alcohólicas luego de eliminado el estruendoso papelón de la Ley Seca. También es lo que destaca James M. Buchanan, otro premio Nobel, respecto a la reducción en el consumo de drogas en la experiencia parcial holandesa.
De todos modos, aunque esto no fuera así no resulta relevante desde la perspectiva moral que no comprenden los que son “moralistas a los palos” (es decir, los de la antimoral). Es como escribió William F. Buckley: “en lugar de provocar guerras contra las drogas con espantosas muertes, gravísimas lesiones de derechos de inocentes, aumentos de drogadicciones y corrupciones por doquier tal como revela la copiosa bibliografía en la materia, los que desean intoxicarse que puedan acceder en el mercado libre a la compra al precio del veneno para las ratas”. Por supuesto que las limitaciones a menores deben ser similares a como se procede con el registro automotor, la pornografía, la venta de alcohol y equivalentes.
