El presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, dijo que la situación en que viven productores del campo los hace caer en la tentación de sembrar cultivos ilícitos y así tener recursos para sobrevivir.
Señaló que la crisis económica mundial afecta principalmente a los productores rurales, por lo que al menos 7.2 de las 21 millones de hectáreas utilizadas para la siembra se destinan a cultivos mixtos o ilícitos como la marihuana y la amapola.
El 30 de abril de 2008, durante su informe, el presidente del TSA había señalado que en al menos 4.5 millones de hectáreas coexistía el cultivo ilícito, situación que fue desmentida por el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jimíénez, quien además aseguró que los recursos dirigidos al campo no llegaban a manos del narcotráfico.
Sin embargo, ayer durante su informe de labores, García Villalobos aseveró que este tipo de cultivos se hace generalmente en las zonas serranas y de manera camuflageada en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
"Los focos rojos en varios estados de la República se han visto agravados por fenómenos externos como la crisis financiera y problemas de subsistencia suficiente para una equitativa y adecuada distribución de insumos alimenticios."
Advirtió que la problemática del agro se complica aún más debido a que los campesinos no tienen un programa de aliento, no hay precios adecuados en los mercados para los productos y los recursos de apoyo del gobierno federal no alcanzan ni para fertilizar las tierras.
La crisis productiva, económica y social tiende a profundizar las asimetrías regionales, sectoriales y económico-sociales del campo mexicano, complicando la gobernabilidad.
Acompañado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, consideró que es necesario refundar el Estado para que represente al conjunto de intereses y clases, y tenga como propósito un real proyecto de creciente bienestar, seguridad y justicia sociales.
García Villalobos se pronunció por cambiar la concepción de desarrollo para que la acumulación de riqueza beneficie a todos los mexicanos, y las políticas públicas para resolver la crisis alimentaria.
La incertidumbre sobre la propiedad y situación jurídica de sus ocupantes corrobora la tesis de que las tierras abandonadas al cultivo de alimentos se destinan a cultivos ilícitos.
Datos del INEGI establecen que en los últimos 17 años se incrementó la brecha entre producción y consumo de los principales alimentos en el país, lo que ha incrementado nuestra dependencia del exterior. (Con información de El Financiero/APB)
