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El Ejecutivo aprobó el viernes un decreto que obligará a las constructoras a reciclar los residuos que generen en las obras. Medio Ambiente calcula que el coste que tendrán que asumir será de 310 millones anuales.
Carlos Molina / MADRID (02-02-2008)
La construcción de viviendas, industrias, centros comerciales e infraestructuras genera al año 35 millones de toneladas de residuos en España, de los que tan sólo tres se reciclan y el resto acaba siendo eliminado sin ningún tipo de control. Para acabar con esta situación, el Ejecutivo aprobó el viernes un decreto que obligará a las constructoras a reciclar cada residuo que genere una obra de construcción y demolición.
Jaime Alejandre, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, resalta la importancia de esta medida 'en un país en el que se inicia la construcción de 700.000 viviendas al año, más que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, y en el que hay un plan de infraestructuras en el que se van a invertir 255.000 millones de euros hasta 2020' y destaca que este decreto no transpone ninguna norma europea, 'sino que es un texto en el que España se ha adelantado a la UE'.
El decreto establece entre otras obligaciones que el poseedor de la licencia urbanística deberá incluir en el proyecto de obra un estudio con una estimación de la cantidad de residuos que va a generar, cómo los va a reciclar y lo que le va a costar. Al contratista se le exigirá que se inscriba en un registro municipal en el que deberá acreditar que cumple con lo marcado en el proyecto.
De estas obligaciones quedan excluidas las obras menores, ya que sus residuos son considerados urbanos y están regulados por ordenanzas municipales.
Alejandre estima que el coste que tendrán que asumir las constructoras será de 310 millones de euros al año, divididos en tres grandes partidas: el estudio para el proyecto de obra (35 millones de euros), la separación y reciclaje de residuos (124 millones a un coste de 5 euros por tonelada) y el transporte y tratamiento (150 millones de euros).
En la norma tambiíén se faculta a las comunidades autónomas para que puedan solicitar fianzas a las constructoras, que les serán devueltas cuando demuestren que han cumplido lo pactado. Alejandre señala que no se ha establecido ningún límite, 'ya que el coste varía mucho en función de la orografía y la densidad de población'.
Obligación de separar a partir de 160 toneladas
El decreto establece que las empresas no estarán obligadas a separar sus residuos en origen hasta seis meses despuíés de la aprobación del mismo.
Con ello, el Ejecutivo deja margen a las compañías para que establezcan los sistemas de recogida y tratamiento que consideren oportunos. A partir de esa fecha, la obligación será oficial para todas aquellas que superen unos límites (160 toneladas de hormigón, 80 de ladrillo o 4 toneladas de metal y madera). Dos años despuíés de la aprobación del decreto, los límites serán rebajados a la mitad (80 toneladas de hormigón, 40 de ladrillo y 2 para metal y madera).
