A perro flaco, todo son pulgas. El mercado de obra pública español atraviesa por uno de los baches más profundos de los últimos años como consecuencia de las dificultades financieras del Estado, que limitan la capacidad de los grandes organismos inversores (Fomento y Medio Ambiente) para lanzar nuevos proyectos en 2010.
Por si no fuera suficiente, la Comisión Europea ha activado ahora una bomba de relojería en el sector. En la práctica, Bruselas quiere dejar a las constructoras sin su principal comodín para terminar con beneficios la mayoría de los contratos adjudicados por el Estado.
Según fuentes próximas al conflicto, la Comisión desaprueba lo que se conoce en la jerga sectorial como modificado de obra, un instrumento recogido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Estado. Consiste en la facultad del contratista para solicitar un incremento del presupuesto de adjudicación siempre que concurran "razones de interíés público y para atender imprevistos", señala la ley.
Compensación
El aumento suele alcanzar el 20% del precio de licitación. Cuando excede de ese porcentaje, la solicitud requiere el visto bueno del Consejo de Ministros, con un máximo del 50%. Para acabar con esta singularidad, la Comisión exige que, cuando una obra requiera una modificación, se licite un nuevo concurso.
A travíés de esta figura, las empresas han conseguido compensar las píérdidas con las que, por lo general, inician las obras. "Los grupos españoles somos expertos en gestionar ese tipo riesgo", señala el directivo de una de las mayores constructoras españolas. Debido a la fuerte competencia en España, las empresas acuden a los concursos del Estado con fuertes bajas sobre el precio de licitación. Los descuentos medios rondan algo más del 20%, pero hay casos en los que se aproximan al 40%. El modificado de obra contribuía, hasta ahora, a cuadrar esos números rojos.
Dos modelos
Por el importe de los contratos, las bajas en los proyectos de Fomento son las más llamativas. El caso más elocuente fue la adjudicación de los diez tramos para la renovación de las autovías de primera generación en 2007, donde se produjeron descuentos superiores al 40%. "Más que concursos, en España se realizan subastas, un sistema alejado del modelo anglosajón o centroeuropeo, donde los proyectos se licitan con fórmulas parecidas al llave en mano, con un precio cerrado desde el principio".
Esta singularidad explica el escaso íéxito de las constructoras extranjeras en España. "No entienden que una obra pública que vale cien estemos dispuestos a construirla sólo por 80", reconoce el consejero delegado de otro gran grupo español.
El asunto, de gravedad, ha provocado un fuerte revuelo en el sector, ya que, de cumplirse la amenaza de Bruselas, provocará una revolución en el sistema de contratación nacional. "Ya no podrán realizarse bajas tan agresivas y los proyectos licitados por la Administración tendrán que estar mucho más afinados en tíérminos de diseño y de costes", señalan las empresas. Por esta razón, tambiíén es muy probable que, con la medida, los plazos de ejecución en España se disparen.
El asunto está siendo analizado por el Ministerio de Economía, encargado de llevar a cabo las modificaciones pertinentes en la Ley de Contratos a travíés de la Dirección General de Patrimonio. La primera medida ha sido constituir un grupo de trabajo que aporte soluciones.
Contratos en el punto de mira
Superpuerto de Gijón
Una de las obras afectadas por el cambio de criterio de Bruselas es El Musel, el macro puerto de Gijón, cuyas obras ascienden a 500 millones de euros. Se plantea una modificación de la obra del 43% (216 millones de euros) que la Comisión Europea ha rechazado.
Punta langosteira
Otro gran puerto, el nuevo de A Coruña, necesita casi 100 millones más, lo que significa un 27% sobre el presupuesto de adjudicación, realizada en el año 2004.
Palma Arena
Uno de los mayores escándalos, que se encuentra en los tribunales, es el presupuesto de ejecución del velódromo Palma Arena (Palma de Mallorca). La obra se adjudicó por 47 millones y se elevó, al final, a casi 80 millones. La UTE reclama doce millones sin cobrar.
Plan de autovías
Este plan es uno de los ejemplos más llamativos de bajas sobre licitación (más del 40%). La mayoría de los consorcios reclaman ahora compensaciones.
