El grupo Polaris World y sus cuatro principales acreedores (Bancaja, CAM, Banco de Valencia y Banco Popular) agotaron ayer lunes los tres meses de plazo legal dados por el Juzgado Mercantil 2 de Murcia para llegar a un acuerdo sobre los 900 millones de euros de deuda de la inmobiliaria y evitar el concurso de acreedores. No obstante, las negociaciones continuarán un mes suplementario. Al cabo del mismo, si no hay acuerdo, la declaración de concurso de acreedores será inevitable.
Fuentes próximas a la mayor empresa europea de turismo residencial, con sede central en Torre Pacheco (Murcia), indicaron a El Confidencial que solamente quedan por negociar cuestiones de detalle y que se terminará logrando un acuerdo. Bancaja, CAM, Banco de Valencia y Banco Popular son titulares de más de las tres cuartas partes de la deuda que acumulan parte de las empresas del grupo Polaris. El resto está repartida entre varios acreedores (constructores, Cajamurcia, Caja Madrid y otros) que se han mantenido casi como simples espectadores de la negociación, dejando a los cuatro primeros el peso de la misma.
Acogiíéndose a la Ley Concursal, el grupo Polaris dio oficialmente el pasado 22 de diciembre el paso previo a la suspensión de pagos (concurso de acreedores) para varias decenas de sus empresas filiales. Trataba así de conseguir una renegociación de la deuda que permitiera la reflotación de las empresas. Obviamente, los acreedores debían ser compensados con activos del grupo a cambio de aplazar o condonar deuda.
El acuerdo debía ser presentado en el juzgado mercantil lo más tardar al cabo de tres meses, es decir, ayer, 22 de marzo. Según la interpretación de fuentes próximas a la empresa la ley les permite aplazar o continuar un mes más la negociación. Hasta el 22 de abril. En caso de agotar el plazo sin llegar a un acuerdo, la declaración de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) es obligada.
Sin embargo, a tenor de la ley, podría serlo en cualquier caso. El artículo 5.3 de la Ley 22/03 de la Ley Concursal dice: “El deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible al deudor que, en estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguienteâ€.
Difícil valoración de los activos inmobiliarios
El problema real que se planteó desde el primer momento de la negociación, según fuentes conocedoras de la situación, fue el de la valoración de los activos de las empresas de Polaris. Al tratarse de compañías del sector inmobiliario, los activos son solares, viviendas construidas o en construcción, campos de golf, hoteles, etcíétera. La caída del mercado inmobiliario registrada en los tres últimos años ha hecho bajar drásticamente su valor. Y es esto precisamente lo que está negociando, de momento sin acuerdo, Polaris y sus acreedores.
Desde mediados del año pasado, Polaris estaba negociando con los bancos y cajas cederles una parte de sus propiedades inmobiliarias para condonar deuda, según publicó en junio un diario regional. Ya entonces el problema fundamental era la valoración de los activos del grupo inmobiliario. Según fuentes económicas, la falta de concordancia en esas valoraciones fue la que llevó, en diciembre, a poner oficialmente en conocimiento del juzgado mercantil la existencia de negociaciones para evitar el concurso de acreedores.
La situación ha llevado al grupo Polaris a llevar a cabo grandes recortes en su gestión. Además de los cientos de despidos registrados en los últimos tres años de entre los varios miles de empleados que llegó a tener, la empresa parece haber renunciado, de grado o por fuerza, a la realización de su último gran proyecto: una macrourbanización de varios miles de viviendas denominada Condado de Alhama, en Alhama de Murcia.
La primera fase de la misma está por terminar. De la segunda, las últimas noticias facilitadas por el alcalde de la localidad, Josíé Espadas, indican que el grupo Iniciativa Resort Mediterráneo (IRM, compuesto por CAM, Cajamurcia, Bancaja, Caja Madrid, Banco Popular y Banco de Valencia) quiere hacerse con los seis millones de metros cuadrados del proyecto para desarrollar un centro de ocio bajo la marca de la multinacional Paramount, con cuyos representantes ha iniciado recientemente contactos en Dubai Ramón Luis Valcárcel, presidente murciano.
