El Ministerio de Industria no ha logrado la confesión de los empresarios fotovoltaicos. Los propietarios de instalaciones que pudieran haber incumplido los requisitos para acceder a las primas tenían hasta hoy para acogerse a la propuesta de salvamento lanzada por el Gobierno.
Según fuentes del sector, consultadas por elEconomista, hasta ayer tan sólo se habían autoinculpado dos megavatios de este tipo de tecnología, frente a los cerca de 1.000 MW en los que la CNE encontró irregularidades.
Así, los promotores de la industria fotovoltaica parece que prefieren arriesgarse a la exhaustiva investigación que prepara el Ministerio de Industria para que sea a travíés de este mecanismo donde se demuestre que pudieron incurrir en un delito de fraude.
La ilegalidad de estas plantas se centra principalmente en haber inscrito las instalaciones antes del 28 de septiembre de 2007 y sin que estuvieran a pleno rendimiento con el objetivo de cobrar la jugosa prima de 426 euros por megavatio/hora (MWh) que estaba a punto de expirar por el cambio de real decreto.
El problema para Industria tras el silencio del sector fotovoltaico es que tendrá que investigar a los 1.000 megavatios (MW) que cree que están en una situación de irregularidad, es decir, casi una cuarta parte de la capacidad de esta tecnología. Por tanto, la intención del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de abaratar los costes de la investigación se ha ido al traste, ya que tendrá que afrontar prácticamente este proceso desde cero amparándose únicamente en la investigación realizada por la Comisión Nacional de Energía y la que pueda llevar a cabo en su momento la Fiscalía.
Por su parte, las plantas fotovoltaicas pueden incurrir en el riesgo de perder toda la prima, devolver lo cobrado hasta el momento y esperar un nuevo turno en el registro de preasignación, donde la espera actual es de unos tres años, con el objetivo de por lo menos acogerse a la prima actual, que es diez veces menor que los 426 euros MWh que estaban cobrando hasta el momento.
Sin embargo, si se hubieran declarado culpables pasarían a recibir la prima de 320 euros por MWh de la primera convocatoria del actual decreto en vigor, el 1578/2008 begin_of_the_skype_highlighting 1578/2008 end_of_the_skype_highlighting, sin necesidad de la espera de prerregistro.
Durante su intervención en el acto de entrega de los XXII Premios de la Energía, Sebastián aseguró que la prioridad del Ejecutivo es la persecución de posibles casos de fraude, al tiempo que lamentó que el Gobierno ha ido "demasiado rápido" en la implantación de estas tecnologías.
Una fíérrea investigación
Industria va a endurecer la investigación, sobre todo a raíz, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acaba de estimar el recurso del Ministerio ante la interpretación del gobierno que preside Josíé Antonio Grinán sobre el requisito necesario para considerar las nuevas instalaciones fotovoltaicas, tal como publicó ayer elEconomista.
La decisión, que se conoció a un sólo día de que acabara el plazo para que se regularizara la políémica inscripción de estas instalaciones, tiene un efecto directo sobre el cobro de las primas que percibirían los promotores, ya que había que definir si debería entenderse que valía con que la instalación estuviera terminada, conectada o si era preciso que estuviera vertiendo energía a la red. La sentencia de este tribunal exige finalmente el vertido de energía para considerar válida la inscripción de una instalación solar y, consecuentemente, el cobro de la prima.
Con esta resolución se esperaba incrementara el número de instalaciones que confesaran que hubo irregularidades, ya que crea un margen bastante estricto sobre la situación en la que debía estar la planta antes del 28 de septiembre de 2007, ya que quedan fuera las que, hasta ahora, la Junta de Andalucía admitía como válidas para el registro.
La inspección, que estará a cargo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se centrará en pedir a las plantas sospechosas documentos de aduanas, facturas, certificados de instalación, fotografías o cualquier documento que pueda demostrar que la planta funcionaba correctamente en el momento de su inscripción.
Medidas hasta penales
Desde la apertura del expediente, la CNE tendrá 45 días para solicitar los documentos, y el promotor otros dos meses para presentarlos. Si se demuestra la irregularidad de la planta, y sin perjuicio de otras medidas administrativas o incluso penales, al propietario se le retirará la prima y se le retribuirá en el mercado, como si fuese una instalación elíéctrica convencional. Por otro lado, las cantidades que se recauden en esta investigación irán para pagar las primas de las nuevas instalaciones.
