Son 1.500 millones de euros los que necesita CatalunyaCaixa para asegurarse el aprobado en los próximos tests de estríés. Así lo afirman fuentes próximas a la Generalitat de Catalunya, que aseguran que esos son los cálculos del Banco de España basados en los datos recabados de la entidad de ahorros catalana.
Las cajas deberán pasar en las próximas semanas dos pruebas que los mercados analizarán con lupa: una es la presentación de resultados anuales, donde desvelarán su exposición al mercado inmobiliario y constructor; y otra son los nuevos tests de estríés europeos, que se publicarán entre febrero y marzo.
Una de las obsesiones del Gobierno, que ha identificado al sector de las cajas como el más llamativo talón de Aquiles de la economía española, es que las entidades financieras salgan bien paradas y en ese objetivo coincide con la Generalitat de Catalunya, en cuya territorio se repartieron dos de los cinco suspensos de los anteriores tests de estríés.
CatalunyaCaixa no superó la anterior prueba, publicada el verano pasado, y se estimó entonces que eran 1.032 millones los que necesitaba para que su capital soportara el escenario de fuerte deterioro económico planteado en los tests. Sin embargo, según señalan estas fuentes, estas necesidades se han ampliado en los últimos meses, hasta sumar otros 500 millones de euros.
La solución para el Gobierno catalán, según ha reiterado su presidente, Artur Mas, pasa por una operación "catalana", que situaría la entidad presidida por Fernando Casado en la órbita de una de las dos grandes entidades financieras de esta comunidad.
La Caixa ya rechazó el verano pasado esta fusión y ahora los contactos, según fuentes del sector financiero y del entorno de la Generalitat, se han producido con Banco Sabadell que exige para pasar a estudiar a fondo esta adquisición que el Frob le conceda un ayuda de 2.000 millones de euros y que se aplique un sistema de protección de activos, que le blinde de cualquier píérdida oculta. Unas exigencias que frenan la integración deseada por el Ejecutivo catalán.
Desde el Sabadell se reitera que no mantiene negociaciones formales para una fusión con CatalunyaCaixa, si bien recuerda que aprovecharán las oportunidades que surjan en el mercado español, siempre que cumplan sus baremos de creación de valor. Este banco ya pujó en su día por Cajasur y en otoño pasado completó la absorción de Banco Guipuzcoano.
CatalunyaCaixa, por su parte, insiste en que no percibe ninguna presión de la Generalitat y dice estar centrado en estudiar las diversas opciones que tiene para cubrir el díéficit de capital de cara a los tests de estríés, entre los que se encuentra la venta de activos y recurrir de nuevo al Frob, al que ya solicitó 1.250 millones de euros.
Sin embargo, recurrir de nuevo a las ayudas públicas tiene varios inconvenientes, según señalan fuentes financieras. Ni el Gobierno ni el Banco de España quieren que una nueva capitalización de las cajas suponga un gran desembolso del Tesoro, que engrosaría la deuda y el díéficit público.
Por ello, en los últimos días tanto el secretario de Estado de Economía, Josíé Manuel Campa, como el propio presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, han insistido que el fortalecimiento de capital de las cajas debe venir, en una gran parte, del sector privado, lo que avala las intenciones de la Generalitat de recurrir al Banco Sabadell para sanear CatalunyaCaixa.
Por otro lado, el Ejecutivo se muestra más partidario de que si tiene que inyectar fondos por segunda vez en una entidad se haga por medio de capital de primera categoría (acciones o cuotas participativas) y no deuda (preferentes) como hasta ahora.
De volver a comprar emisiones de preferentes, por las condiciones actuales de mercado, se debería imponer a la entidad ayudada unos intereses no inferiores al 10 por ciento, lo que haría muy difícil, en un entorno de bajada de actividad y de márgenes, la devolución de las ayudas.
La adquisición de acciones, si las cajas se han amparado en el paraguas de un banco, caso de las SIP, o de cuotas participativas, en el caso de las fusionadas, supone una nacionalización parcial de la entidad y hace más sencillo su adjudicación posterior si la entidad no es capaz de remontar la situación de debilidad en la que se encuentra. Esta opción haría posible que, desde un punto de vista legal, según afirman fuentes financieras, se pudiera conceder al comprador un sistema de protección de activos, una de las condiciones que exige el Sabadell.
