Presiones de las elíéctricas determinan la reforma de la ley del sector
La intención del Gobierno de desgajar REE en dos sociedades que desempeñarían, por separado, las funciones de gestión del sistema elíéctrico y el transporte de alta tensión ha creado un fuerte malestar en la compañía. Se trata de un modelo que apenas se aplica en Europa y que debilitaría al gestor frente a las empresas elíéctricas que utilizan las redes.
El Ministerio de Industria ha incluido en el anteproyecto de ley que transpone la directiva del Parlamento Europeo de 2009 sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad, al que ha tenido acceso CincoDías, una vieja propuesta para desgajar Red Elíéctrica (REE) en dos filiales. Estas desarrollarían, respectivamente, las dos actividades de la compañía que preside Luis Atienza: la gestión del sistema elíéctrico y el transporte en alta tensión.
La separación jurídica que ahora se plantea (hasta ahora la división era únicamente funcional) implica la creación de dos filiales distintas, lo que rompe con el modelo de gestor de la red y transportista único que impera en casi todos los países europeos, conocido como TSO. Fuentes del sector aseguran que esta medida, que ya barajó el Ministerio de Industria hace dos o tres años, responde a las presiones de las empresas elíéctricas, que "quieren un gestor más díébil y sin poderes", y en cuyo consejo de administración no se sientan desde hace varios años, despuíés de que la ley les prohibiera participar prácticamente en el capital y la gestión.
El detonante ha sido el malestar de las empresas elíéctricas por la entrada de REE en cierto tipo de bombeo, lo que consideran una intrusión de esta compañía en el negocio de generación. Según el texto del citado anteproyecto de ley, Red Elíéctrica Corporación creará una filial con los recursos con que ya cuenta la compañía para desarrollar la función de operador del sistema. Por su parte, la filial Red Elíéctrica de España ejercerá de transportista.
Nueva financiación
Además, en un futuro, la retribución de REE (unos 38 millones de euros este año) no procederá de la tarifa de acceso a las redes que pagan todos los consumidores, pues dejará de ser considerado un coste permanente del sistema, y pasará a ser financiada por las empresas elíéctricas que utilicen las redes.
El caso del operador del sistema gasístico, Enagás, es similar, si bien, en esta compañía ni siquiera existe una división funcional entre la gestión de la red troncal de gasoductos y el transporte de gas. Además, no es transportista único, actividad que desempeña en la zona norte Naturgas.
Este cambio se va a producir antes, pues está incluido en una enmienda de la Ley de Responsabilidad por Daños Nucleares, que ya ha aprobado el Senado. En Enagás, a diferencia de REE donde existe un fuerte malestar por el cambio normativo, se muestran satisfechos con el cambio legal que, en cierto modo, les beneficia. Así, este le permitirá crear una tercera filial para negocios no regulados (REE ya contaba con ella), en la que incluirá, por ejemplo, el proyecto del mercado hubb, que proyecta con el Ente Vasco de la Energía (EVE).
Precisamente, la transposición de la directiva del gas, que se traduce tambiíén en un anteproyecto que modifica la Ley de Hidrocarburos, impulsa la creación de un mercado organizado del gas con la figura de un operador (similar a Omel en el mercado elíéctrico) en el que los agentes de gas no podrán tener más de un 5% del capital, ni entre todos más del 40%. Estos financiarán el Omel del gas en función de la cantidad de combustible que introduzcan en el sistema.
Estos dos anteproyectos que, junto que el de Eficiencia Energíética, que transpone la directivo del 20-20-20, conforman el último paquete de reformas energíéticas de esta legislatura, han recibido el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Los nuevos poderes de la Comisión de Energía
El nuevo consejo de la Comisión de Energía (CNE), que saldrá tras el fin del mandato de los actuales consejeros que termina en junio, disfrutará de los poderes que hasta ahora le hurtaba la normativa y suponía una discriminación respecto a otros reguladores. Eso sí, los nuevos miembros del consejo de administración, cuyo número se reduce de nueve a siete, disfrutarán de un solo mandato de seis años.
Además de que sus decisiones ya no podrán ser recurridas, como hasta ahora, ante el Ministerio de Industria, tal como establece la reciente Ley de Economía Sostenible (LES), el consejo tendrá en el futuro otras potestades, tal como establecen los anteproyectos de ley para transponer las directivas europeas de electricidad y gas. Así, la CNE tendrá una importante función: será la encargada de elaborar la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes elíéctricas y de gas y las metodologías de las tarifas para el acceso a las infraestructuras fronterizas, hasta ahora, en manos del Gobierno, a diferencia de Portugal y Francia.
Y, finalmente, podrá imponer sanciones en materia de su competencia, potestad que se une a la de autorizar determinadas operaciones corporativas, tal como establece ya la LES. Concretamente, las que realicen empresas que desarrollen en el sector elíéctrico o del gas actividades de transporte; distribución y operación del sistema o sean titulares de centrales nucleares, de carbón nacional o que estíén ubicadas en los territorios extrapeninsulares, además de gasoductos internacionales.
Otro tanto ocurre en el caso de que se pretenda adquirir más de un 10% del capital de empresas encuadradas en la situación anterior. En el caso de no comunitarias, cuando quieran adquirir más de un 20%, o inferior, si esto les otorga el control.
Operador dominante
El anteproyecto de ley elíéctrica elimina la traba legal que tienen en la actualidad los operadores dominantes del sector (los que tienen más del 10% del mercado), según la cual no pueden importar electricidad más allá del mercado ibíérico de la electricidad (Mibel).
