Por... Luis Alonso Lugo
Los flujos financieros ilícitos procedentes desde Míéxico ascendieron a 872.000 millones de dólares entre 1970 y 2010, equivalente en promedio al 5% de su producto interno bruto.
Global Financial Integrity, una organización estadounidense dedicada a promover políticas más estrictas contra el lavado de dinero internacional, dijo en un informe difundido el domingo que considera la cifra como conservadora porque excluye transacciones realizadas en efectivo como el tráfico de drogas o de personas.
Al seleccionar a Míéxico como caso de estudio para el 2012, la organización expresó que los flujos ilícitos derivados del sobreprecio y el contrabando representan una carga exagerada para una nación en desarrollo.
Explicó que esos flujos "privan de fondos necesarios para el desarrollo económico y reducen el ingreso fiscal que el gobierno necesita para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, combate a la pobreza y la lucha contra los carteles".
Asimismo, señaló que "Los flujos ilícitos lideran la economía subterránea y contribuyen al deterioro de la gobernabilidad económica". La organización sostuvo que por esas razones "el combate a los flujos financieros ilícitos tendrá un impacto positivo en la reducción de la corrupción y en la actividad criminal en todo el país".
Con el objetivo de combatir el sobreprecio, causante del 75% de los flujos ilícitos totales en el periodo analizado, Global Financial Integrity recomendó a las autoridades exigir el uso de programas de computación que detecten precios de importación y exportación muy alejados de las normas internacionales, y que las partes se comprometan por escrito a no incurrir en sobreprecio cuando realicen una transacción transfronteriza.
Para reducir la fuga ilícita de capitales, el grupo señaló la conveniencia de expandir los acuerdos de doble tributación, exigir un intercambio automático y transfronterizo de información fiscal sobre cuentas personales y corporativas; mejorar supervisión para reducir la tendencia a sobornos y vigilar los centros financieros irregulares.
El flujo ilegal anual ascendió desde los 1.000 millones de dólares en 1970 a los 68.500 millones de dólares en 2010, tras alcanzar un máximo de 91.000 millones de dólares en 2007, señaló el documento.
