El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) decidirá el próximo jueves 29 de marzo si anula o no la multa ríécord de 151 millones de euros que la Comisión impuso a Telefónica en 2007 por abuso muy grave de posición dominante en el mercado español de banda ancha.
La Justicia europea se pronunciará sobre los recursos interpuestos tanto por Telefónica como por el Gobierno español contra la decisión del Ejecutivo comunitario de sancionar al operador español.
Bruselas justificó la multa alegando que, entre 2001 y 2006, Telefónica cobró a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red, dejándoles un margen de beneficios insuficiente para competir.
El Ejecutivo comunitario consideró que, con estas prácticas, el operador incumbente español debilitaba a sus rivales, dificultando que mantuvieran su presencia y su crecimiento, y les obligaba a incurrir en píérdidas si querían igualar los precios minoristas de Telefónica. El resultado es que los consumidores españoles pagaban por el acceso a la banda ancha un 20% más que el promedio comunitario.
En su recurso ante el Tribunal de Luxemburgo contra esta multa, Telefónica esgrimió en su defensa que se ajustó en todo momento y de forma escrupulosa a las exigencias de su regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la normativa española. Por ello alegó que la sanción de Bruselas crea inseguridad jurídica.
El operador español rebatió además los datos de la Comisión y defendió que sus prácticas en ningún momento perjudicaron el desarrollo de la banda ancha en España.
No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es desfavorable a las tesis de Telefónica. En una sentencia de abril de 2008 confirmó una multa de 12,6 millones a Deutsche Telekom por abuso en la banda ancha y desestimó las alegaciones del operador alemán en el sentido de que había cumplido la regulación tarifaria impuesta por la autoridad alemana de telecomunicaciones.
La sentencia señalaba que, incluso respetando esta regulación tarifaria, Deutsche Telekom disponía de un margen de maniobra suficiente para eliminar o reducir el efecto de compresión de márgenes. El Tribunal subrayó que el hecho de que las tarifas del operador alemán debieran ser aprobadas por el regulador no elimina su responsabilidad en relación con la legislación en materia de competencia.
