Las facturas impagadas siguen acumulándose en los cajones de las Administraciones. Entre enero y septiembre ya se elevan a 10.000 millones, por lo que las patronales están presionando al Ejecutivo para que endurezca la ley de Morosidad y fije un ríégimen sancionador con el fin de que se cumplan los plazos de pago.
El plan de pago a proveedores sirvió para poner el contador a cero en los impagos acumulados por ayuntamientos y comunidades autónomas con los proveedores a 31 de diciembre de 2011. En total, se saldaron deudas por valor de 27.000 millones de euros, de los que 17.718 correspondían a las regiones y 9.263 a los ayuntamientos.
Esa inyección de liquidez sirvió para salvar muchas compañías y muchos empleos, aunque no logró acabar con la cultura del impago en las administraciones públicas. Entre enero y septiembre, las facturas sin cobrar han crecido de forma exponencial, volviendo a poner en la mesa de Hacienda el problema de la morosidad. En ese período, el importe ya ha superado los 10.000 millones de euros y amenaza con seguir creciendo si el Ejecutivo no pone coto.
La mitad de esa cifra corresponde a las deudas arrastradas por los autónomos que suman 5.000 millones en el primer semestre, según avanzó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del último barómetro mensual que realiza esta asociación de autónomos. Cataluña, con 809 millones, y Andalucía, con 692 millones, encabezan la clasificación de las autonomías más morosas.
A esa cantidad hay que añadirle las deudas acumuladas por las patronales sanitarias (Fenin y Farmaindustria) en los nueve primeros meses del año, que se elevaron a 5.000 millones. Fenin, que agrupa a los fabricantes de tecnología sanitaria, acumulaba impagos por valor de 2.750 millones, mientras que Farmaindustria, representante de los laboratorios farmacíéuticos, había registrado 2.300 millones en el mismo período.
En este escenario, las patronales han acelerado las negociaciones para tratar de solventar este problema, aprovechando además que comienza la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en 2013. La primera vía es la de recuperar los 8.000 millones que no se consumieron del críédito sindicado con el que se financió el plan de pago a proveedores. En un principio, Hacienda no quiere desarrollar esta vía, entre otras razones, porque la principal prioridad es que se cumpla el objetivo de díéficit para este año y el que viene. Un nuevo críédito, que se sumara a los que ya han asumido las autonomías con el Plan de Pago a Proveedores y los que van a asumir con el FLA, sería una losa, en su opinión, demasiado elevada. Elvira Sanz, nueva presidenta de Farmaindustria, apostó en su primera rueda de prensa por una solución "estructural" y no coyuntural. Esta, por lo tanto, solo puede pasar por hacer cumplir los plazos de pago establecidos en la ley de Morosidad para las Administraciones Públicas: 40 días en 2012 y 30 días en 2013. Unas cifras muy alejadas de la realidad: la mitad de los autónomos tarda más de 180 días en cobrar sus facturas de las Administraciones y Fenin registra una demora media de 242 días este año.
Y para no sobrepasar los plazos legales, las patronales quieren que el Ejecutivo ponga en marcha lo antes posible un ríégimen sancionador que establezca multas para aquellas Administraciones que paguen con retraso y que traten de pactar plazos superiores a los legales. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el lobby que agrupa a más de un millón de empresas y que fue la impulsora de la nueva ley aprobada en 2010, ya ha mantenido varias reuniones con Hacienda y le han vuelto a presentar la propuesta de ríégimen sancionador que elaboraron para incluirla en los Presupuestos del pasado ejercicio. En el documento se establecen tres tipos de sanciones (leves, graves y muy graves) y multas que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros para las infracciones leves, entre 30.001 y 300.000 para las graves y entre 300.001 y 900.000 en el caso de las muy graves. El plazo de prescripción de los delitos variaría entre uno y cuatro años.
"Eso es terrorismo empresarial"
Antoni Cañete compatibiliza la secretaría general de Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa en Cataluña, y la portavocía de la Plataforma de Multisectorial contra la Morosidad. Desde esa doble perspectiva exige al Ejecutivo que haga cumplir las reglas de juego en materia de pagos. "El que no cumpla tiene que recibir una sanción. Tenemos que ser un país del siglo XXI", subraya.
Cañete cree que apenas quedarán recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para abonar facturas impagadas, ya que antes habrá que pagar vencimientos de deuda y díéficit, y que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo para el pago de facturas anteriores a 2012 que no entraron dentro del plan de pago a proveedores, como universidades o hospitales.
El portavoz empresarial denuncia el hecho de que grandes compañías de la construcción o de la distribución estíén tratando de pactar plazos diferentes a los marcados por la ley aprovechando su posición de dominio y la falta de liquidez. "Eso está prohibido en la nueva ley. No hay liquidez y de eso se quieren aprovechar. Eso es terrorismo empresarial", recalca.
