Telefónica está a punto de recibir un jarro de agua fría procedente de Bruselas. La Comisión Europea anunciará hoy una multa que oscilará entre 60 y 80 millones de euros a la multinacional española por un acuerdo firmado en 2010 con Portugal Telecom, a la que se sancionará con una cifra superior a 20 millones de euros e inferior a 40. Gracias a esta alianza, la empresa presidida por Cíésar Alierta y la portuguesa se pusieron de acuerdo para no competir en los mercados ibíéricos, lo que choca con las normas de la Unión Europea para preservar la competencia. Bruselas comunicó el importe de la multa a Madrid el pasado lunes. La multa se establece como un porcentaje sobre la facturación y por ello es mayor para la compañía española.
El organismo que encabeza el español Joaquín Almunia inició una investigación en enero de 2011 por el pacto firmado por las dos empresas de telecomunicaciones enmarcado en la compra del operador brasileño de telefonía móvil Vivo por parte de Telefónica, operación que se había cerrado un año antes, en 2010.
Tras la apertura del expediente, Telefónica había argumentado que el contrato ya establecía que esa cláusula solo entraría en vigor en el caso de que fuese legal, por lo que en el fondo era nula desde el principio. Las dos operadoras, además, anularon el acuerdo en febrero de 2011, cuando en Bruselas ya habían iniciado el procedimiento.
La cláusula que ahora Bruselas considera merecedora del pago de unos 100 millones de euros se fraguó como un intento de tranquilizar al Gobierno de Portugal, muy nervioso durante esos días de 2010 por la posibilidad de que la compra de Vivo se convirtiera en el inicio del desembarco de la multinacional española en el país vecino.
Pero nada de esto convence a los responsables de Competencia, que recuerdan que esa cláusula se aplicó durante siete meses (de julio de 2010 a febrero del año siguiente). Bruselas acusa a las dos compañías de compartimentar el mercado, práctica que supone de facto un aumento de los precios y una disminución de la oferta que reciben los consumidores. Cuando Bruselas envió el pliego de cargos a las empresas, las autoridades comunitarias recordaron que las cláusulas restrictivas de la competencia constituyen una de las más graves infracciones contra la competencia sana y leal.
Los criterios utilizados para calcular la multa que se anunciará hoy tendrán en cuenta que la práctica ilegal se produjo tan solo durante siete meses. Los servicios de Competencia, acostumbrados a sancionar a compañías que han llegado a acuerdos secretos, se encuentran ahora ante un caso en el que la práctica anticompetitiva era pública y notoria.
Este no será ni el primero ni el mayor golpe que Telefónica recibe por parte de las autoridades europeas de Competencia. Bruselas ya la sancionó en 2007 con una multa de 152 millones de euros. En esa ocasión el motivo fue el intento de Telefónica de librarse de sus competidores imponiíéndoles unos precios mayoristas demasiado altos.
Esta multa, entonces la segunda mayor que había impuesto la Comisión, se argumentó en 2007 con el “abuso muy grave†de posición dominante en el mercado. Telefónica la recurrió por “inexplicable, injustificada y desproporcionadaâ€, pero el Tribunal Europeo de Justicia la ratificó en marzo del año pasado, desestimando los recursos que habían presentado tanto la compañía afectada como el Gobierno del socialista Josíé Luis Rodríguez Zapatero. Lo previsible es que Telefónica recurra tambiíén esta nueva multa.
