Por S. McCoy
Circula por los mentideros de la Villa y Corte un chiste que, de no ser por la parte de verdad que encierra y sus importantes consecuencias prácticas para todos los ciudadanos, podría resultar hasta gracioso. En él se ve a un atribulado Bernard Madoff que, al ser interrogado por los agentes del FBI acerca de su fuente de inspiración para la estafa piramidal que había montado a lo largo de las últimas décadas, contesta indiferente: “del sistema público de la Seguridad Social“. Esta respuesta se acerca bastante a la realidad y no deja de ser una bomba de relojería que nos debería llevar a una reflexión colectiva acerca de la sostenibilidad del modelo actual del Estado de Bienestar, más aún en las circunstancias económicas que hoy padecemos.
En efecto: la estructura de reparto sobre el que se sustentan las prestaciones que el Estado realiza a los ciudadanos participa de todos los caracteres propios de un esquema Ponzi. Y mientras que en los Estados Unidos medios de tanta significación como el WSJ o Business Week han entrado a fondo en la cuestión, y eso que el nivel de protección pública es muy inferior al que disfrutamos en nuestro país, la anestesia navideña que embarga al espectro mediático español ha provocado que sean pocos los que se hayan atrevido a poner abiertamente el debate encima de la mesa, recurriendo más bien, como Expansión en un reciente editorial (Crecen las alertas en las pensiones de 30 de diciembre), a circunloquios eufemísticos.
Quizá quien mejor haya explicado la analogía sea Michael Mandel que señala que cualquier fraude piramidal ha de reunir tres características esenciales: pago de lo debido con el nuevo dinero recibido, apariencia de honorabilidad o creencia de vinculación entre contribuciones pasadas y prestaciones actuales y, finalmente, insostenibilidad del mecanismo bien porque cesan los flujos de entrada o porque se desbordan los de salida. Si hacemos extrapolación de tales factores a nuestro sistema de Seguridad Social veremos que las similitudes son indudables, especialmente por lo que a los dos primeros elementos se refiere: usted y yo estamos aportando hoy el dinero de la jubilación de nuestros padres que, a su vez, lo reciben en virtud de la fantasía de un derecho que creen individualmente adquirido tras largos años de cotización. Queda, por tanto, en el aire, el tercer aspecto: viabilidad del esquema, apartado que podríamos subtitular como la Crónica de una Muerte Anunciada.
Hemos dicho que el sistema pervive hasta que o bien deja de entrar dinero en el mismo o bien el dinero sale mucho más rápido de lo que entra. Pues bien, ambos fenómenos son hoy una realidad incuestionable en España, tanto desde el punto de vista coyuntural como desde una óptica estructural. Yendo a lo inmediato, los últimos datos públicos conocidos muestran cómo el impacto de la crisis sobre el empleo y las cotizaciones empresariales han reducido los ingresos a un 2% interanual mientras que los gastos se han disparado por encima del 10%. Es de todos conocida la insuficiencia de la dotación para prestaciones de desempleo a lo largo del ejercicio 2008 que acaba de concluir. A un ritmo de 200.000 parados nuevos al mes, la cosa tiene más visos de empeorar que de mejorar.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá y se vislumbra en los preocupantes datos de pirámide poblacional que el INE dio a conocer coincidiendo con el fin del año natural. El número de mayores de 65 años supera con creces al de menores de 16. No sólo la errática política sobre la materia de gobiernos de uno y otro signo han condenado a nuestro país a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo desarrollado, sino que este desastre social ha venido acompañado de un repunte sustancial en la esperanza de vida de los españoles lo que implica, sin duda, una carga adicional para un modelo que ya venía trastabillándose en los últimos años. Si en Estados Unidos la preocupación se acentúa por la llegada al umbral de jubilación de muchos de los baby boomers cuyos patrones de consumo justificaron gran parte de la bonanza económica de aquél país en el cénit de las sucesivas burbujas, ¿qué decir de España que todo lo debe a esa Generación Cuéntame que no dudó en apostar por el futuro de la nación en los procelosos tiempos de la Transición? Si alguien merece un descanso tranquilo es precisamente ella.
Señalan los informes más optimistas que la viabilidad del sistema, según el esquema actual, tiene fecha de caducidad 2020, referencia que algunos cálculos actuariales adelantan a 2013. Ante un panorama tal, sorprende la complacencia con la que el Presidente del Gobierno tira de la hucha común en lo que parece un suicida e irresponsable intento de adelantar plazos. El más valorado por una ciudadanía que asiente silente al expolio de su futuro, toma ya. Es momento de un debate de calado sobre la cuestión que aborde varias cuestiones de forma simultánea: crecimiento de la base mediante políticas adecuadas de fomento de la natalidad y protección de la familia (dada la ciclicidad que muestra la dependencia de una inmigración que, en época de desaceleración, como la actual, puede ahondar en el problema); mayor contribución de la base actual, idea recogida por Mandel y Miró Ardevol, lo que requiere de mejoras de productividad que sólo se pueden derivar de la educación, la innovación y las ventajas competitivas; retraso voluntario de la edad de jubilación; estricto control de las prestaciones con objeto de eliminar bolsas de fraude; fomento de los planes de pensiones privados (donde es el inversor quien define su perfil de riesgo) mediante medidas fiscales oportunas que no discriminen los esquemas de pago único frente a los de renta. Estamos hablando, vuelta la burra al trigo, de reformas estructurales. Como ven, empezamos 2009 como terminamos el 2008: creyendo en la esperanza frente a la experiencia. Igualito que en las segundas nupcias.