Por  José María Triper.

Los partidos van a tener difícil alinear una lista de cara a las elecciones municipales de la primavera de 2011. Acabados los planes E de asistencia rápida, las finanzas de los ayuntamientos se encuentran al límite.

“Se busca candidato para liderar las listas municipales. Especialmente indicado para personas amantes del riesgo y de las emociones fuertes”.

Este anuncio de ficción, más o menos literal, podría convertirse, a no mucho tardar, en una realidad de las cuñas publicitarias y en las páginas de los diarios ante las negativas a repetir como cabeza de lista que los partidos políticos están recibiendo por parte de muchos de sus alcaldes actuales.

Y es que el cargo de primer edil, que hasta no hace mucho era una de las prebendas más ambicionadas por los responsables locales, y hasta nacionales, de los partidos, se ha convertido en un vía crucis por mor de la crisis del ladrillo, sí; pero también en muchos casos por una deficiente gestión de los dineros públicos.

“En el PSOE, cerca de un 80 por ciento de los alcaldes no quiere repetir”, comenta un dirigente local del partido del Gobierno, quien asegura que esta situación, por las referencias que le llegan, es “extensibles al resto de los principales partidos”.

Las causas de esta “desbandada” se explican por sí solas. Con una caída de ingresos fiscales de 20.000 millones anuales por el tsunami de la construcción; agobiados por una deuda que al finalizar el primer trimestre de este año superaba los 36.000 millones de euros (el 50 por ciento aproximadamente corresponde a las capitales); con el acceso al crédito prohibido legalmente y con la obligación de tener que devolver al Estado 1.500 millones de fondos anticipados correspondientes a la liquidación del año 2008, muchos ayuntamientos llevan meses sin pagar las facturas de agua y luz y, lo que es más grave, sin abonar las nóminas de sus empleados.

Subir impuestos

Tanto es así que los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) han admitido que, a finales de este 2010, un 30 por ciento de los ayuntamientos españoles podría declararse en suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus gastos. Andalucía, Galicia y Madrid son las comunidades autónomas con mayor número de municipios amenazados por la quiebra.

Con este panorama, la legislatura que se inicia en 2011 se presenta como un duro calvario para los nuevos regidores, especialmente en los pequeños y medianos municipios. Las previsiones y expectativas que manejan los responsables de política municipal de los partidos mayoritarios apuntan a que los ayuntamientos que se formen en la próxima primavera van a tener que tomar medidas drásticas en materia de ingresos y de gastos.

En el caso de los ingresos todos apuntan a que será “inevitable” una subida importante en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), complementada con el incremento de otros tributos municipales, además de recuperar la tasa de recogida de basura, como hizo en Madrid Ruiz-Gallardón. Muchos municipios españoles aún no la tienen.

Mientras, por el lado de los gastos, la medida prioritaria será el recorte de los gastos de personal, es decir los despidos. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) ha sido la primera en anunciar una oleada de ERE en las corporaciones municipales. También se prevén reducciones importantes en los gastos generales y, sobre todo, en los servicios sociales, asistenciales y de ocio.

Y todo ello en un escenario de crisis económica que está mermando sensiblemente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Es decir un futuro de impopularidad y promesas incumplidas que amenaza con hundir carreras políticas y aspiraciones de futuro.

Pagar de su bolsillo

Precisamente las dificultades financieras de los municipios españoles centrarán hoy los debates del Congreso a iniciativa de Convergencia i Unió y Nafarroa Bai, que han presentado sendas interpelaciones sobre la prohibición de contratar créditos y la política del Gobierno en materia de financiación local y su incidencia en la capacidad de los entes locales de responder a las necesidades ciudadanas

Por si todo esto no fuera suficiente, a primeros de agosto el Tribunal de Justicia de Andalucía fallaba contra el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Castillejo de Guzmán y obligaba al alcalde y al secretario general de la corporación a responder con sus bienes, bajo la amenaza de embargo, si no hacían efectivos los pagos exigidos por una sociedad privada.

Sentencia, acorde con la nueva Ley de Morosidad, que ha provocado el “pánico” entre un gran número de regidores y de posibles aspirantes, conscientes de que se abre la puerta a su aplicación en otros muchos municipios españoles, cuyos alcaldes se verán obligados, en caso de demanda, a poner dinero de su bolsillo para responder por las deudas de los ayuntamientos que presiden. Claro que la feria va por barrios y mientras para muchas localidades se buscan candidatos, en Madrid empieza a haber overbooking.