Josíé Luis Rodríguez Zapatero no tiene intención de renunciar, al menos por ahora, a los 100.000 euros anuales que, con carácter vitalicio, cobra como consejero nato del Consejo de Estado en su condición de expresidente del Gobierno, lo que hace que negocios privados como asesor o intermediario de empresas españolas en el exterior sean incompatibles con la remuneración que percibe de ese organismo consultivo del Estado.
Su reciente y políémico viaje a Cuba en compañía del exministro de Asuntos Exteriores Miguel íngel Moratinos, que ha sido durísimamente criticado por el actual jefe de la diplomacia española, Josíé Manuel García-Margallo, ha tenido un carácter mucho más comercial que político, pese a que ambos exdirigentes socialistas mantuvieron un encuentro con el presidente cubano, Raúl Castro, calificado de "extraordinaria deslealtad" por García-Margallo.
Como ya reveló El Confidencial, la presencia de Zapatero y Moratinos en Cuba obedecía a la búsqueda de oportunidades de negocio en la isla caribeña al calor del nuevo escenario que se abre tras el histórico acercamiento diplomático entre el ríégimen castrista y Estados Unidos. Ambos mostraron especial interíés en los planes del Gobierno cubano para convertir el puerto de Mariel en una zona franca o libre de impuestos abierta a la inversión extranjera.
El pasado mes de julio, Zapatero y Moratinos viajaron a Guinea Ecuatorial, el país que gobierna con mano de hierro Teodoro Obiang desde hace 35 años, con el supuesto y loable propósito de presentar al dictador africano la iniciativa internacional contra la pena de muerte que promueve el propio Zapatero. Pero el principal motivo de su visita fue otro bien distinto y nada altruista: los negocios. En esta ocasión se unió al dúo el exministro Josíé Bono.
Negocios privados aparte, Zapatero sólo percibe actualmente una remuneración pública: los 99.675 euros que le paga el Consejo de Estado como consejero nato y vitalicio. En 2012, el exsecretario general del PSOE tuvo que renunciar al sueldo, tambiíén vitalicio, que cobraba en su condición de expresidente del Gobierno. O mejor dicho: tuvo que elegir una de las dos retribuciones; y la de consejero de Estado es superior a la de expresidente.
En julio de 2012, en efecto, el Gobierno aprobó un real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y la racionalización de las Administraciones Públicas que incluía la incompatibilidad entre "cualquier prestación económica prevista con ocasión del cese en un cargo en el sector público" y una segunda retribución "con cargo a presupuestos públicos". Desde entonces, Zapatero sólo cobra los casi 100.000 euros anuales del Consejo de Estado.
Esa cantidad debió parecerle insuficiente al expresidente del Gobierno, que, siguiendo los consejos de sus amigos Moratinos y Bono, trata ahora de convertirse, al igual que ellos, en un lobbista dispuesto a aprovechar la red de contactos tejida durante los siete años que ocupó el palacio de la Moncloa. Ninguno de los dos exministros ha negado nunca su condición de intermediario de empresas españolas en el exterior.
Según fuentes del Consejo de Estado consultadas por este diario, los consejeros de este organismo, Zapatero entre ellos, están sometidos a la misma legislación sobre conflictos de intereses que cualquier alto cargo de la Administración del Estado. Los cargos públicos, según la ley 5/2006 de 10 de abril, deben tener dedicación exclusiva y no pueden percibir cualquier otra remuneración que "directa o indirectamente provenga de una actividad privada".
Un consejero electivo del Consejo de Estado, que exigió preservar su anonimato, aseguró que Zapatero asiste regularmente a los plenos que se celebran una vez al mes, y que reúnen a los 29 miembros –permanentes, natos y electivos– del organismo. Pero, más allá de esas sesiones mensuales, el presidente del Gobierno no se cuenta entre los consejeros más activos.
Otro expresidente del Gobierno, Josíé María Aznar, ya renunció en 2006 como consejero nato y vitalicio del Consejo de Estado por incompatibilidad con su nombramiento como consejero de Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación australiano. Al contrario que Zapatero y Aznar, Felipe González nunca quiso formar parte del máximo órgano consultivo del Estado.
Josíé L. Lobo
