Por... CARLOS VALDEZ
LA PAZ -- La multinacional mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), asociada con la mayor cementera boliviana, dejará Bolivia luego de concretar la venta de su paquete accionario al Consorcio Cemento del Sur de Perú, casi un año despuíés de que el gobierno confiscará a la sociedad una fábrica de cemento en el sur del país, informó la empresa boliviana.
Sin embargo, la venta al grupo peruano molestó a los socios mayoritarios, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), que esperaban poder comprar el paquete a sus socios y anunciaron que interpondrían un demanda arbitral en contra de los empresarios mexicanos por incumplimiento de acuerdos, según un comunicado emitido el domingo en la noche por la compañía.
SOBOCE anuncio que su socio GCC "ha resuelto dejar Bolivia" despuíés de transferir sus acciones en la sociedad a la empresa peruana y dijo que esa transacción "viola el acuerdo de accionistas" que GCC "celebró con sus socios bolivianos" para transferirles a ellos su paquete accionario.
"La Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA), una sociedad boliviana que es accionista mayoritaria de la SOBOCE", gestionó la compra de acciones de GCC y tenía un "derecho preferente", pero la mexicana optó por vender el paquete a la firma peruana, explicó el comunicado.
"CIMSA buscará el cumplimiento del acuerdo de accionistas que celebró con sus socios mexicanos GCC, a travíés del arbitraje. GCC ha violado el acuerdo de accionistas suscrito con CIMSA bajo la ley boliviana", dice el comunicado.
En septiembre del año pasado, el gobierno del presidente Evo Morales confiscó las acciones que SOBOCE y GCC tenían en la Fábrica Nacional de Cemento SA (FANCESA), ubicada en el sur del país. El principal accionista de SOBOCE es el empresario Samuel Doria Medina, líder de una fracción opositora al gobierno.
FANCESA era propiedad estatal hasta 1999, cuando Doria Medina, compró 33% del paquete y tomó la administración de la empresa para colocarla entre las más importantes del rubro.
El gobierno dijo que la reversión de la cementera tenía el propósito de recuperar empresas que fueron del Estado y que en la díécada pasada se privatizaron. Con ese mismo argumento el mandatario nacionalizó empresas de la industria de hidrocarburos, una telefónica y tres compañías elíéctricas.
A la fecha, SOBOCE y GCC no han conseguido una indemnización por sus acciones en FANCESA, a pesar de los reiterados pedidos de la mexicana de un "pago justo".
El grupo mexicano llegó al país hace cinco años y era dueño del 47% del paquete en SOBOCE. Sus ejecutivos estimaron que el valor de mercado de las acciones confiscadas en FANCESA asciendes a 92 millones de dólares, pero el gobierno boliviano no ha dado a conocer el monto de la indemnización, entre otras razones, porque la nueva administración de FANCESA inició una acción penal contra SOBOCE por supuesto daño económico.
