Por…  Ricardo Mejía Cano

En el año 325 de nuestra era, se reunieron en la ciudad de Nikae, Turquía, los obispos de Constantinopla, Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, convocados por el emperador Romano, Constantino I. Se dio así inicio al Concilio Ecuménico, la más alta jerarquía de la Iglesia, responsable de buscar “consensos” sobre la doctrina cristiana. Son los primeros vestigios de gobernabilidad corporativa.

En 1059 por orden del Papa Nicolás II, se creó el Colegio Cardenalicio, responsable de asesorar al Papa en cuestiones de doctrina y, en caso de faltar éste, elegir sucesor. Con el Colegio, la “Junta Directiva” de la Iglesia, se modernizó la gobernabilidad eclesiástica, al asumir funciones que antes desempeñaba el Emperador Romano.

En el S. XIV ya existía en Londres un gremio de comerciantes textiles llamado “The Mercers’ Company”. Hoy es una de las instituciones más antiguas y respetables de la afamada urbe. Los primeros estatutos de esta reconocida agremiación datan de 1393 y estipulaban que sus miembros debían elegir anualmente, por un periodo de un año, cuatro gobernadores para supervisar la institución. Era una especie de Junta Ejecutiva, pues además de supervisión, desempeñaban funciones del día a día. La delegación a los cuatro gobernadores era limitada y debían reunir a la asamblea de asociados para decidir sobre aspectos de mediana o gran importancia.

Las frecuentes citaciones a todos los asociados se convirtieron en un procedimiento tedioso e ineficiente. En 1463 acordaron modificar los estatutos: se creó una junta de 12 consejeros, cuya función era asesorar y aprobar políticas con los cuatro gobernadores, políticas que todos los asociados debían respetar.

En 1505 Enrique VII dio a la “Compañía de Comerciantes Aventureros” el monopolio sobre todas las exportaciones de manufacturas inglesas. Más que una empresa era un gremio, con concesiones especiales del Estado y al cual podía pertenecer cualquier comerciante inglés que pagase las cuotas de sostenimiento. En 1564 la Reina Isabel I hizo modificar los estatutos de la Compañía: Los asociados debían nombrar anualmente un Gobernador Ejecutivo, con su asistente y 24 consejeros.

A principios del S. XVII la Reina Isabel I aprobó los estatutos de la “Compañía de las Indias Orientales”: se estableció el nombramiento de 24 “comisionados”, quienes debían nombrar al Gerente de la Compañía y conjuntamente resolver los problemas del día a día y definir planes y políticas.

En 1694 se modificaron los estatutos del Banco de Londres: se estableció una “Junta Directiva” de 24 “Directores” (Términos que nunca antes se habían usado) y un presidente ejecutivo, quienes deberían ser elegidos por una “Corte de Propietarios” (Nombre un poco sofisticado para la Asamblea de Accionistas). Un siglo después el “First Bank” de Estados Unidos adoptó un esquema semejante: estableció una Junta de 25 directores, con el fin de evitar empates en las votaciones, un Presidente Ejecutivo nombrado por la Junta y al menos una cuarta parte de los directores tenía que ser reelegida anualmente.

Existen muchos antecedentes, en diferentes países e instituciones, que prueban la existencia, durante casi dos milenios, de órganos de gobierno corporativo. Sin embargo, los mayores avances en gobernabilidad se han obtenido en las últimas dos décadas.

Según un estudio de los profesores Daniel Forbes y Frances Milliken, de la Universidad de Nueva York: “La existencia de las juntas se sustenta en el hecho de que un grupo de personas, bien seleccionado y adecuadamente organizado, ejerce de manera muy superior las funciones de dirección y supervisión, de cómo las podría ejercer el mejor de sus individuos. El conocimiento colectivo y la deliberación entre sus miembros dan a la junta una capacidad que ninguno de ellos podría desplegar individualmente”. Y agregan: “Estos argumentos contradicen la creencia general de que un camello es un caballo diseñado por un comité”. La diferencia está en la calidad y selección de los miembros de la junta y en su método de trabajo.

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