Diez años de batallas judiciales. Diez años de pleitos, recursos, apelaciones y condenas. La última díécada de uno de los nombres más rimbombantes de las vacas gordas del ladrillo en España, Joaquín Rivero (Jerez 1945), ha transcurrido en los pasillos de los juzgados. Acusado en varias ocasiones de uso de información privilegiada, blanqueo de capitales y malversación, inmerso en luchas accionariales y enfrentado con accionistas minoritarios, el empresario recibía ayer, sin duda, uno de los varapalos judiciales más duros de su carrera profesional.
El Tribunal Correccional de París dictaba sentencia: cuatro años de cárcel, tres de prisión firme, una multa de 375.000 euros y el pago de una indemnización de 208 millones de euros por su gestión al frente de la inmobiliaria Gecina, cuya presidencia asumió entre 2005 y 2009 tras el fuerte enfrentamiento que mantuvo con la familia Sanahuja por el control de Metrovacesa.
El varapalo judicial ha sido muy duro puesto que la justicia francesa lo considera culpable de 13 cargos, entre ellos malversación y blanqueo, si bien lo absuelve de otros cuatro por los que tambiíén había sido inculpado, en particular de "información engañosa".
No obstante, a sus 71 años, el jerezano no está dispuesto a tirar la toalla. La sentencia ha sido recurrida, de tal manera que, además de ganar tiempo –entre 12 y 18 meses–, consigue que quede en suspenso y no tenga ejecución. En todo caso, tiene un depósito de 90.000 euros en los juzgados franceses para cubrir posibles responsabilidades, una importante suma a pesar de haber perdido gran parte de su fortuna, según reconocen a este diario algunos de sus allegados.
La figura de quien hace ya tres lustros inició su particular cruzada para convertirse en el 'Rey del Ladrillo' en España –con mayúsculas–, se apaga. Al frente de Bami, hace ahora quince años (año 2000), 'engulló' Inmobiliaria Zabálburu, por cuyo control se enfrentó a la gallega Fadesa, entonces en manos de la familia Jove. Rivero quería pasar a la historia como el impulsor del mayor grupo inmobiliario español.
Apenas un año despuíés (2001), Bami osaba lanzar una OPA sobre Metrovacesa, operación que culminaría a mediados de noviembre de 2003 con la fusión por absorción de las dos compañías. El pez chico se comía al grande. Pero el apetito inmobiliario de Joaquín Rivero seguía sin saciarse.
Dos años más tarde, en 2005, este jerezano aficionado a la restauración de pinturas antiguas y al vino –cuenta con su propia bodega– cruzaba la frontera para tomar el control del 30% de la inmobiliaria francesa Gecina y, posteriormente, lanzar una OPA con la que alcanzaría su control a travíés de Metrovacesa. Rivero estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y ese precio fue la venta de parte de su patrimonio inmobiliario, como el famoso Edificio España, que vendió al Banco Santander por 111 millones de euros.
Como cualquier reinado, el suyo estuvo lleno de conspiraciones, traiciones, alianzas y luchas de poder. En su camino siempre encontró a alguien dispuesto a plantarle cara. En Metrovacesa (2007) libró una cruenta batalla accionarial con la familia Sanahuja (Sacresa) y, aunque Rivero contó como aliado con el empresario valenciano Bautista Soler, padre del que fuera presidente del Valencia CF, como cualquier matrimonio malavenido las disputas terminaron en divorcio. La familia catalana se quedó con Metrovacesa y Rivero tuvo que conformarse con un pedazo de Gecina, aunque tambiíén aprovechó para mirar al pasado y resucitar Bami como empresa independiente (Bami Newco).
Muy sonado fue tambiíén su enfrentamiento con Francesco Gaetano Caltagirone, uno de los empresarios más importantes de Italia, que en 2005 intentó hacerse con Metrovacesa a golpe de OPA con un intermediario de postín en las negociaciones: Alejandro Agag, el yerno del entonces expresidente del Gobierno, Josíé María Aznar.
EC
