El primer síntoma visible de la crisis en el sector bancario fue la falta de liquidez. El desordenado proceso de desapalancamiento fue el que provocó a continuación la sequía en el interbancario y esto a continuación se trasladó al conjunto de la economía.
Debemos admitir que para solucionar esta situación se han tomado infinidad de medidas. Los bancos centrales han proporcionado ingentes cantidades de dinero para dotar de liquidez a las entidades financieras; los gobiernos han garantizado la seguridad de los depósitos para evitar futuras vías de fuga de capital, pero también conviene admitir que nada de esto ha conseguido devolver la confianza, a continuación se pasó a la nacionalización parcial de los grandes bancos entrando el estado a formar parte de su capital social.
A decir verdad los contribuyentes estamos bastante irritados en vista de que ese caudal de dinero inyectado por los estados no llegue a donde verdaderamente debía de llegar, a las empresas y cómo no a las familias. Y el contribuyente está cabreado ya que, en definitiva será él quién cargará con la cuenta, aunque sea a través de una cosa tan “descafeinada” como el déficit público.
Y claro, todo el mundo se pregunta. ¿ Cómo es esto posible?. Podríamos comenzar explicando el temor que tienen los bancos a no recuperar el dinero una vez lo hayan “soltado”. Esto en parte está justificado ya que las empresas (algunas) no piden préstamos para acometer inversiones y sustentar en estas sus planes de crecimiento. Ahora la mayoría de empresas piden estos préstamos para sustituir sus deudas a corto y facilitar el ir y el venir de su circulante. Todo esto con una disminución muy sustancial de sus carteras de pedidos, una reducción considerable de sus ventas y en consecuencia una merma considerable de sus beneficios futuros.
Debido a esta situación los gobiernos han planificado fórmulas para facilitar las garantías que los bancos exigen y que las empresas no pueden aportar. Yo diría que esta fórmula tiene un buen diseño pero que su aplicación es un tanto compleja. Por un lado si los gobiernos sustituyen a los bancos en la asunción de riesgos, los bancos deberían ceder parte de su beneficio y cobrar un pequeño margen por los servicios que prestan. Por otro, ¿debería ser el sector público más permisivo en la concesión de los créditos? Parece que la respuesta obvia sería decir que si, ya que si se mantuvieran los mismos criterios que los bancos, inevitablemente se llegaría a las mismas conclusiones y se adoptarían las mismas medidas restrictivas.
Algunas entidades aseguran que proporcionan dinero suficiente y que lo que verdaderamente pasa es que ya no se pide dinero como antes. Indudablemente el consumo de las familias se ha reducido, entre el endeudamiento anterior y la incertidumbre laboral que nos acosa los ánimos consumidores están alicaídos. Otra realidad es que el mercado hipotecario también se ha comprimido al no ser ahora tan frecuentes las operaciones inmobiliarias. Pero nos quedan las empresas y necesitamos que éstas trabajen, vendan y contraten, y claro para esto necesitan dinero. Un dinero que debería de proporcionar el sistema financiero. Por eso, el sector financiero tiene una gran responsabilidad y un gran reto que debe vencer.
Salud y suerte en las inversiones, las vamos a necesitar.