El Gobierno aprobó el 24 de septiembre una medida mucho más perjudicial para los altos patrimonios que el nuevo tramo del IRPF: va a terminar con las reducciones de capital de las sicavs, que es una práctica muy extendida que permite a los titulares de estos vehículos sacar dinero sin pagar a Hacienda.

La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que los Presupuestos Generales incluyen una modificación legal por la que se va a obligar a que las cantidades que se retiren de las sicav tributen como cualquier otra ganancia de capital. Es decir, al 19% por los primeros 6.000 euros y al 21% a partir de ahí.

En teoría, las sicav -como los fondos de inversión- no tributan por los beneficios obtenidos mientras sus partícipes no vendan sus acciones; es lo que se conoce como diferimiento fiscal. Pero cuando venden sí deben pagar a Hacienda como ocurre en cualquier otro producto de inversión.

Sin embargo, los asesores fiscales de las grandes fortunas encontraron una fórmula para poder retirar el dinero sin pasar por el Fisco: las reducciones de capital con devolución de aportaciones, una estrategia perfectamente legal que también utilizan muchas sociedades cotizadas para pagar dividendos sin retención fiscal.

Algunos de los mayores patrimonios del país han usado reiteradamente este truco para sacar dinero de sus sicav hurtando la parte correspondiente a Hacienda, tal como denunció El Confidencial a finales de 2009: Amancio Ortega, Rafel del Pino, o las familas Polanco y Sanahuja.

Cómo funciona este truco

A efectos fiscales, el dinero que sale no tributa hasta que no supere la cantidad inicialmente invertida, porque se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las sicav. Es lo que se conoce como criterio FIFO (first in first out), es decir, que lo primero que se invierte es capital y lo primero que se saca también.

A primera vista, parece que es lógico no tributar si no se retira el dinero de las plusvalías, sino sólo el invertido inicialmente. El problema reside en que eso no se puede hacer en ningún otro producto de inversión salvo en las sicav, lo cual supone un agravio comparativo evidente. Es decir, si alguien ha invertido en acciones o fondos de inversión y quiere retirar parte de su dinero, tiene que pagar por la plusvalía obtenida desde el primer euro, independientemente de que saque una cantidad inferior a la que invirtió inicialmente.
Esto, llevado al extremo, permite sacar todo el capital y dejar dentro de la sicav sólo las plusvalías, que a su vez pueden generar nuevas plusvalías si se acierta con las inversiones. Así, se reduce el valor de adquisición y en teoría se incrementa el beneficio futuro. Pero la idea es que nunca se tributará por él: es el “diferimiento fiscal sine die”. Incluso es bastante frecuente que el titular del vehículo fallezca sin haberse retratado ante el Fisco y que sus hijos tampoco paguen nada a Hacienda: en España no existe la ‘plusvalía del muerto’ y tampoco deben hacer frente al Impuesto de Sucesiones, ni siquiera en Cataluña.

Pagar por cualquier retirada de fondos

El objetivo de la modificación anunciada ayer por el Gobierno es acabar con este truco y obligar a que cualquier retirada de fondos de una sicav pase por Hacienda, lo que pretende equiparar de una vez este producto exclusivo con los que están al alcance del común de los mortales.

No obstante, este objetivo plantea ciertas dificultades y no está claro cómo piensa vencerlas Economía, ya que no se conoce el texto de la nueva norma. Así, es difícil justificar que se graven las retiradas del capital inicial si no se incluyen plusvalías, puesto que no se ha generado ninguna renta sujeta al IRPF. Más allá de esta incógnita, los grandes despachos de abogados especializados ya han puesto manos a la obra para buscar alternativas a este truco para reducir la factura fiscal de los grandes patrimonios.